Ericka Mejia

Según estadísticas del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), se estima que las pymes, absorben el 44,5% de la población económicamente activa (PEA). En términos concretos, este sector involucra cerca de 3 millones de personas que trabajan por cuenta propia y generan empleo a más de 9 millones de personas.

“A pesar de su importancia en la generación de empleo, existe el inconveniente que gran parte de éste, es de carácter informal, con una inclinación a las actividades comerciales en su mayoría, lo cual es  un factor que limita a la sostenibilidad. En ese sentido se debe otorgar importancia y prioridad a dicho sector, en materia de políticas públicas”, afirma el presidente  del Consejo MIPYME Centroamericano y  de la Unión MIPYMES de El Salvador, Pablo Durán.

La publicación del año pasado de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (Cepal), "Políticas de apoyo a las pymes en América Latina: Entre avances innovadores y desafíos institucionales" señalaba que la grandes compañías de la región aportan el 39% del empleo, el 71% del Producto Interno Bruto (PIB), el 91,6 % de las exportaciones, mientras que las firmas medianas participaban con el 14%, 11% y 6,4 %, respectivamente.

El panorama del desarrollo de las medianas y pequeñas empresas en El Salvador, ha tomado rumbo. Según, Durán, la crisis económica a nivel mundial, ha dirigido la atención hacia las estructuras productivas de los países de la región, donde hay muchas empresas pequeñas y medianas.

A raíz de que otros países a nivel internacional, han otorgado un poco más de relevancia al desarrollo de este sector, en Centroamérica, se ha dado algunos pasos para el apoyo del mismo.

Pero más allá de la importancia que ha sido captada, las pymes han representado, para el caso en el país, una propuesta de subsistencia frente a la reducción de la generación de empleo. “Esto se ha convertido en una solución al problema del crecimiento”, explica Durán.

Lo factible que puede ser esta vía, está marcada por las políticas públicas, por las que un gobierno se convierte en facilitador, a fin de promover la formalización en este sector.

“En El Salvador, alrededor de 400 mil pymes son informales, que si bien aportan al movimiento comercial, no generan aporte al fisco, es decir no tienen acceso a la estructura financiera del país”, explica el presidente de la Unión MIPYMES.