Esta situación provoca que el invertir en el país se vea como más riesgoso, lo que obliga a pagar mayor rendimiento a los inversionistas interesados en colocar sus recursos en bonos de deuda costarricense.
De acuerdo con Luis Diego Herrera, economista de Grupo Financiero ACOBO, esto encarece el nuevo endeudamiento y el gasto por intereses, afectando el resultado primario y el financiero del Gobierno Central.
Y es que semanas atrás, Fitch Ratings redujo la calificación de riesgo de Costa Rica de BB a BB+, con perspectiva estable aduciendo el deterioro en la dinámica de la deuda debido al elevado déficit fiscal y el no progreso en las reformas necesarias para corregir el desbalance en las cuentas fiscales.
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Sumado a esto, Moody’s anunció esta misma decisión recientemente, pasando la nota del país de Ba1 a Ba2 con perspectiva negativa, lo que significa que los bonos costarricenses en el extranjero son catalogados como especulativos. Esta decisión se basó en el nivel de deuda creciente que está explicado por el persistente déficit fiscal de Costa Rica. “Al cierre del año 2010, el nivel de deuda del gobierno central representaba tan solo el 29,1% de la producción nacional, mientras que para el año 2016 dicha relación se incrementó al 44,9%”, mencionó la calificadora.
Para la entidad financiera Aldesa, a nivel de estrategia para el inversionista nacional, esta decisión no debería afectar su planeamiento en el corto plazo, al tratarse de inversiones locales en deuda interna. Sin embargo, para aquellos inversionistas internacionales focalizados en planeamientos de más largo plazo, esta desmejora en la calificación de riesgo introduce un mayor nivel de incertidumbre y de riesgo al mercado.
Asimismo, al no existir un paquete de políticas que controle el crecimiento del gasto y mejore la recaudación fiscal, puede causar que el nivel de deuda sobrepase umbrales que perjudiquen la sostenibilidad macroeconómica y a todos los costarricenses, a través de un aumento en el precio del dinero en la economía.
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Acciones urgentes
Para combatir el resultado negativo en las finanzas públicas, el Poder Ejecutivo presentó una reforma alternativa con la cual la carga tributaria pasaría de 13.4% del Producto Interno Bruto (PIB) a 15% del PIB en 2018. Además, estimaciones del Ministerio de Hacienda indican que en el próximo año con la nueva propuesta para reformar los impuestos de Renta e IVA, el déficit financiero pasaría de 6.6% del PIB a 5.2% de la producción bruta. Para los años 2019 a 2021, la reducción en este resultado sería de 1.2, 1.3 y 1.4% respectivamente.
“La baja en la calificación de riesgo es sumamente preocupante, aunque no nos sorprende. Lo hemos venido advirtiendo de manera insistente ante la falta de decisión de la Asamblea Legislativa para avanzar en la modernización de los impuestos al valor agregado y sobre la renta”, expresó, Fernando Rodríguez, viceministro costarricense de Hacienda.
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A pesar de los esfuerzos de la actual administración, no se observan mejoras en la situación fiscal a mediano y largo plazo. Además, no existe ambiente en la Asamblea Legislativa para la aprobación de nuevos tributos dado el requisito de mejorar la situación del gasto.
