Unas 350 mil familias productoras de café de Centroamérica se encuentran en riesgo, por la caída de los precios internacionales del grano, más los efectos sociales que puede traer a colación. De acuerdo con María Febres Huaman, directora para Guatemala del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), es necesario que se creen políticas regionales para atender dicha crisis.
La funcionaria también indicó que se necesita la intervención del Sistema de Integración Centroamericana (Sica) y del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) para resolver la crisis con “una mirada regional” en una estrategia conjunta.
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“La actual crisis de precios afectará a las familias y a los hogares, porque al bajar los ingresos y ante la falta de recursos los productores no tendrán las capacidades para atender las plantaciones y en la siguiente cosecha podrían surgir problemas de roya“, indicó Huaman.
Los efectos directos son para la economía de los países, pero entre los que dependen de gran manera de esa producción están Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica, y en menor medida El Salvador, República Dominicana y Panamá.
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Por otro lado, Román Cordero, especialista del Consejo Agropecuario Centroamericano afirmó que la crisis de la caficultura se debe ver desde una perspectiva intersectorial y no como un problema agropecuario; para ello es necesario atender a las familias productoras y a los jornaleros, que son los más vulnerables.
Para ello se están dando los recursos con un programa para la renovación de café, validación de tecnología y generación de política pública con instrumentos de política para que los jornaleros no migren hacia otros países.
Las migraciones podrían verse tanto de forma regional como extrarregional, sobre todo para los Estados Unidos. “Tenemos que generar las acciones para que las familias no tengan que migrar a las ciudades y otros países. Debemos buscar que se mantengan en la producción aportando a la economía”, señaló.
