Amafredo Castellanos
Pese a la reunión sostenida hoy por el Vicepresidente de EE.UU. Joseph Biden y los presidentes de Centroamérica, Otto Pérez (Guatemala), Juan Orlando Hernández (Honduras), y Salvador Sánchez Cerén (El Salvador) en la capital guatemalteca, las dudas sobre la Alianza para la Prosperidad siguen en el aire.
De manera simultánea, la Oficina de Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés), en Washington, y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en Guatemala, señalaron que dicha Alianza sólo será viable si existe una decidida lucha contra la impunidad y el crimen organizado y un "esfuerzo importante" fiscal.
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Biden pareció coincidir, porque tras la reunión con los mandatarios expuso en conferencia de prensa que los líderes de los tres países deben asumir el compromiso para combatir la corrupción, la pobreza y la violencia, a fin de cumplir con los objetivos del mencionado plan.
También pidió a los centroamericanos su compromiso para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, y agregó que en los próximos diez años serán al menos 6 millones de jóvenes los que se integrarán a la fuerza laboral, por lo que debe haber condiciones favorables para que permanezcan en sus países y no migren hacia Estados Unidos.
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"Este es un momento de oportunidades genuinas, pero hay que terminar con el clima de violencia" en el área, expresó Biden.
Guatemala, Honduras y El Salvador son países que presentan los peores indicadores de violencia en la región, con tasas de 31,6%, 65,5% y 68,6% de homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente, de acuerdo con cifras de la Fundación pro empresarial para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).
"Si los líderes de esta región están interesados en impulsar este plan, nosotros vamos a ayudarles", expresó el vicepresidente estadounidense, quien también subrayó la necesidad de dar un mayor impulso a reformas en el sector justicia.
El presidente guatemalteco dijo que el plan, al cual EE.UU. ofrece un aporte de US$1.000 millones para los tres países durante cinco años, requiere de una ejecución "eficaz, eficiente y transparente" para hacer mejoras que beneficien a la población.
Por su parte Icefi agregó que "un Triángulo Norte diferente, más próspero y con mayor bienestar, requiere acuerdos fiscales basados en la búsqueda de justicia y equidad, que permitan finanzas públicas sostenibles y suficientes".
La entidad destacó que parte de la acción debe orientarse a la reducción de los privilegios fiscales, el aumento de la base tributaria y la progresividad del impuesto sobre la renta. Además advirtió que el aporte del sector privado debe ser "real", en el sentido que no debe ser el resultado de un trueque por exenciones u otros tratamientos o ventajas fiscales.
