De acuerdo al informe, la baja de las calificaciones implica el debilitamiento de las expectativas de crecimiento económico del país, en un contexto de una menor confianza de inversionistas, así como la necesidad de realizar ajustes fiscales para estabilizar el creciente nivel de deuda del Gobierno.
Desde la perspectiva del análisis de S&P, la deuda salvadoreña es más riesgosa que la de otros países similares. Al respecto, Francisco Sorto, analista económico y catedrático del Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas (ISEADE), menciona que esto se veía venir debido a la manera en que el Gobierno ha manejado el dinero.
“Los bonos son un ejemplo de los instrumentos que ocupa el Gobierno para salir al mercado de inversionistas y que le pueden facilitar financiamiento, pero si no se ocupan de manera responsable, las consecuencias son catastróficas”, expresó Sorto.
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En el informe, Fitch también señala que la baja de las calificaciones refleja la continua erosión del perfil fiscal y de deuda de El Salvador, lo que incrementa las incertidumbres con respecto a su acceso a liquidez adecuada para cubrir sus requerimientos de fondeo en 2017 y 2018.
Roberto Rubio, analista económico, detalló que solo con la reducción de la calificación se encarece el dinero, pero además, en un ambiente de tasas de interés que pueden ir hacia el alza en el futuro cercano, es doblemente fuerte el impacto. Según S&P, las acciones que han tomado los actores políticos para buscar una salida a la crisis de las finanzas públicas facilitarán la búsqueda de fondos.
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A través de un comunicado de prensa, la calificadora mencionó que las aprobaciones en la Asamblea Legislativa para emitir más bonos y otro tipo de crédito, solucionarán el problema del más corto plazo. “No ha existido consenso en el Congreso (Asamblea) para aprobar una futura emisión de deuda que sería necesaria para financiar el presupuesto fiscal de 2017”, resaltó el informe.
Claudio de Rosa señaló que el país debe presentar un conjunto de medidas para corregir el rumbo fiscal. Estas medidas se tendrían que haber presentado al Fondo Monetario Internacional (FMI) para llegar a un acuerdo de préstamo, “no debe ser tardío, estamos en cuerda floja”.
