Esto según la Reforma al Reglamento de la Ley General de Electricidad, en el que se establece que el precio de la energía del mercado regulador se igualará al marginal de la operación del sistema en el intervalo de mercado respectivo, más los cargos de transmisión, operación del sistema, servicios auxiliares, cargo para inversión social y todo lo establecido por la Ley General de Electricidad.
Cerén explicó que el porcentaje el cargo para inversión social formará parte de los cargos del sistema, los cuales son trasladados a toda la demanda de energía eléctrica de los diferentes mercados administrados por la Unidad de Transacciones y será calculado trimestralmente como un valor en dólares por megavatio hora, igual al 13% del valor del precio promedio de la energía trasladable a tarifas correspondientes al trimestre inmediato anterior.
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A juicio de Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) es un abuso del gobierno cuya voracidad por más recursos parece no tener límites.
El porcentaje, dijo para dejar claro, “se verá reflejado en la factura de energía eléctrica que recibe cada salvadoreño. Según lo indicó, este cargo “para inversión social” entra a formar parte de los conceptos gravados en el detalle de la facturación.
Cardenal asegura que el decreto tiene ilegalidades “es oscuro, resta competitividad a las empresas, encarece la vida de los salvadoreños y se presta a la corrupción”.
Por su parte, Carlos Calleja, Vicepresidente Grupo Calleja, dijo que su grupo tiene como filosofía de generar ingresos al Estado es a través de una mayor inversión de parte de la empresa privada, mayor crecimiento económico y mayor empleo.
“Este impuesto o contribución especial en nuestra opinión viene a desalentar la inversión, impedir generación de empleo y hacernos menos competitivo como industria, a la vez es un golpe a las personas más vulnerables”, afirmó Calleja.
Sin embargo el Gobierno justifica que las tarifas de energía eléctrica se han reducido en los últimos dos años, hasta la fecha, en un promedio de 60% menos en los precios, lo cual ha representado “ahorros sensibles para la población en general, sectores comerciales e industriales” y ha atraído “inversiones privadas de gran escala, contribuyendo así con la diversificación de la matriz energética”.