Mariela Montero
En Singapur, pensar y ejecutar un nuevo servicio financiero es sinónimo de olvidarse, al menos temporalmente, de pagar el impuesto sobre la renta (ISR); al igual que en Nueva Zelanda no se cobran aranceles a los productos mientras se trabajan en una bodega de zona franca (ZF), sino hasta que se exportan. En Dubái, en cambio, establecerse en una zona especial significa no pagar impuestos municipales.
Las motivaciones de los países son diversas, pero se asocian con el mismo fin: volverse atractivos para un perfil específico de inversionista, gracias al desarrollo de incentivos públicos de nueva generación, según cuenta Jorge Mario Martínez, jefe de la Unidad de Comercio e Industria de la sede de Cepal en México.
En el caso de Singapur, la meta de convertirse en una potencia financiera los lleva a ofrecer incentivos atractivos a inversionistas, corporativos o individuales, que les ayuden con esa meta; aun cuando esto signifique una invitación abierta para hacerse rico en el país, detalla Martínez.
Esta discusión toma relevancia en la región, dado que este año se cumple el plazo que la Organización Mundial del Comercio (OMC) dio a los países para eliminar los tratamientos diferenciados a los productos exportados, normalmente establecidos en zonas especiales y que eran considerados como un subsidio y una práctica de comercio internacional desleal. El plazo se cumple el 31 de diciembre de 2015.
Ante la obligación de cumplir con la OMC, se presenta la oportunidad de modernizar el régimen. Por su parte, las políticas modernas suponen beneficiar al tipo de empresas que le interesa al país.
“Los incentivos públicos de nueva generación, como un primer punto, son aquellos que están adecuados a las normas de la OMC. Pero además son creativos y responden a una estrategia de desarrollo nacional, por lo tanto dependiendo de cada país pueden poner énfasis en fortalecer factores que atraen cierto tipo de inversiones”, puntualiza el experto de Cepal.
Más que cumplir normas
A nivel de la subregión central, solo Guatemala está pendiente de los requisitos de la OMC, ya que aun cuando desde el 2012 envió al Congreso de la República un proyecto de ley para hacer las modificaciones, esta sigue sin aprobarse.
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En su caso, la decisión no parece cercana, ya que según recalca Fany de Estrada, directora de Competitividad de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), al encontrarse en época electoral, la situación política de conseguir los votos suficientes para pasar la propuesta se ha complicado. Además la discusión se mezcló con dos temas de mucho interés para el país: la baja de recaudación y los problemas de corrupción, reforzados por el reciente escándalo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
De Estrada asegura que ser el único país en deuda con la OMC tiene un alto costo clima de inversiones y deja en evidencia “el riesgo de que las empresas se trasladen a los países vecinos que ya cuentan con este tipo de instrumentos”.
Por su parte, Costa Rica (2010), Panamá (2011), El Salvador (2013) y más recientemente República Dominicana ya están al día con la norma, y en el caso de Honduras y Nicaragua, al considerarse países altamente endeudados, quedan exentos del cumplimiento.
Sin embargo, cumplir la norma de la OMC no es la única arista en la discusión, sino que aspectos como el gasto tributario –aquella recaudación que se deja de percibir producto de la aplicación de franquicias o regímenes impositivos especiales–, el tipo de inversiones que quiere atraer el país y hasta el estado de las finanzas públicas son puntos que se suman al debate.
Para Abelardo Medina, analistas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el problema de los países de la región no está en la exención de impuestos, sino en la suma total de los costos y gastos que el empresario absorbe al llegar a los países.
“En materia de costos y gastos tienen mucho que ver los gastos adicionales que puede representar ubicarse en un país. Por ejemplo, si al establecerse se ahorra el pago de impuestos, pero tiene sobrecostos en seguridad, electricidad u otros insumos, posiblemente, aunque se eliminen los impuestos, las empresas no se ubicarán allá”, sentencia Medina.
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