Con esta reinversión para el desarrollo y generación de más empleo, la acumulación de la riqueza no se centra en una persona o en un grupo de personas, sino que tiene los objetivos de disminuir la pobreza y la desigualdad, elevar el conocimiento y el nivel de competencia de los trabajadores de la empresa, todo esto dentro de un método de sostenibilidad ambiental.
“El punto central es que los trabajadores participen en la propiedad de la empresa,en su gobernabilidad, en su gestión; y que se vean beneficiados de las utilidades de la empresa”, explicó Jesús Campos, consejero del Fondo FIDES de capital para empresas mexicanas de la Economía Social y Solidaria.
Lea también: Centroamérica muestra dos caras en progreso social
Campos participó como expositor en I Encuentro Internacional “Políticas públicas para el fortalecimiento de la economía social solidaria”, organizado por el Banco Popular de Costa Rica.
En este encuentro, expositores representantes de España, Francia, México, Guatemala y Costa Rica compartieron sus experiencias tanto dentro de este tipo de modelo económico como en el sector de las cooperativas. Entre los participantes figuraban solidaristas, empresarios, sindicalistas, emprendedores y cooperativistas.
Además, esta cita recibió la visita de diputados del Estado costarricense miembros de Comisión de Economía Social Solidaria y del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, quien durante la ceremonia firmó un decreto que obliga al Poder Ejecutivo a impulsar los proyectos enfocados en disminuir la pobreza.
Además: Pobreza deja de ser mayoritaria en América Latina
La gerente general del Banco Popular, Magdalena Rojas manifestó que el objetivo del encuentro es“entender los caminos tomados por otras economías” para sopesar las decisiones e implementarlas en la medida de lo posible dentro de las condiciones políticas y económicas que vive Costa Rica.
Con este nuevo decreto se fomenta la banca de desarrollo. Los esfuerzos realizados por el Banco Popular tendrán en apoyo de otros sectores, pues la responsabilidad del bienestar social “no puede ser solamente del Banco Popular, sino que debe involucrar a los actores públicos, privados, políticos y financieros dentro de Costa Rica”, enfatizó Rojas.
El Banco Popular tiene por ley la obligación de participar en la economía social del país. Desde su fundación en 1969, ha mantenido alianzas sobre todo para cumplir temas de capacitación y educación de formadores y de emprendedores, con el fin de generar una sociedad de mayor cohesión.
También: Costa Rica recoge más dólares en viaje a EE.UU.
Además de apoyo en aspectos financieros, como el Fondo Especial de Vivienda y el Fondo Espacial de Desarrollo, el Banco también apoya en términos no económicos capacitando a los pequeños y medianos empresarios a administrar correctamente y exitosamente sus proyectos, y les brinda un fondo de avales.
En 2014, el Banco Popular alcanzó US$56 millones de utilidades, de los cuales el 15% se destinó a fortalecer los Fondos Especiales, y un 5% para el Fondo de Desarrollo de la Micro y Mediana Empresa.Este 20% del total de las utilidades equivale a poco más de US$11 millones.
“En cualquier tipo de empresa hay una participación social, porque con la creación de empleos está ayudando a generar una economía social más inclusiva, con una mayor generación y una mayor distribución de la riqueza”, sostuvo Rojas, quien además aseguró que las acciones del Banco llegan a jóvenes, adultos mayores, mujeres, indígenas y sectores de la población que en este momento no tienen acceso al banco formal.
Lea: Cuatro bancos financiarán energía limpia
La rentabilidad financiera y la economía social no son dos caminos divergentes, y el Banco Popular es un ejemplo de esto. La entidad es evaluada en materia financiera por los mismos indicadores y es supervisada con los mismos controles y metodologías que cualquier otro banco en Costa Rica.
De la misma manera funcionan cerca de 50.000 empresas en México, que representan más de 12 millones de empleos (el 18% de la población económicamente activa mexicana). Entre estas empresas destacan las industriales que fabrican autopartes y materiales de construcción, algunas de las cuales facturan más de US$400 millones al año.
México firmó en 2012 la Ley de la Economía Social y Solidaria, que marca las normas para ser una empresa según este modelo. “La mayoría de las patronales privadas han aceptado con mucho agrado el surgimiento de la economía social por el impacto que tienen en la economía de todo el país“, señaló Jesús Campos.