El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó el miércoles al político y banquero hondureño Jaime Rosenthal; a su hijo, el exministro Yani Rosenthal, y a su sobrino y también exministro Yankel Rosenthal, así como a siete compañías, entre ellas el Banco Continental, con sede en San Pedro Sula, por contribuir al blanqueo de dinero y apoyar al narcotráfico.
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La decisión de la CNBS “impacta negativamente en la economía nacional por sus efectos en el normal desenvolvimiento de las empresas relacionadas, generadoras de 11.000 empleos directos y más de 25.000 indirectos, así como en el acceso expedito a los recursos de los ahorradores”, añade el comunicado.
Explicó que la decisión de la CNBS tiene que ver con que “el índice de adecuación de capital de la institución es del 5,20%, inferior al 6,0% requerido por la Ley del Sistema Financiero” y, ante ello, el Banco Continental “satisfaría de inmediato ese requisito con la aportación de unos US$4,5 millones de patrimonio adicional”.
El Banco Continental, añade el comunicado, propuso a la CNBS “una solución legal, justa y razonable, de beneficio para nuestro país”, que consiste en “aceptar una liquidación voluntaria del Banco”, debido a la “prohibición” a las demás instituciones financieras de hacer negocios con el banco, lo cual le “hace imposible operar”.
Esa decisión, además, “implica el cierre de operaciones de Visa, Master Card, Wester Union“, señala el Banco Continental, que aseguró estar en “la mejor disposición de aceptar una liquidación voluntaria”.
De aceptarse la liquidación voluntaria, el consejo de la administración de la institución financiera “renunciaría y la CNBS se haría cargo de la administración, incluso con facultades para vender los activos y pasivos del Banco, lo cual garantizaría a los adquirientes de estos bienes la seguridad de dichas ventas realizadas directamente” por la Comisión Nacional.
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También se evitaría el cierre del diario Tiempo y el canal 11 de la televisión local, lo cual “se asumiría públicamente como un propósito de cierre indirecto de estos medios, de atentado a la libertad de expresión, con el pertinente daño nacional e internacional a la imagen del gobierno”.
