Vanessa Barraza
Según explicó el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, entre los cambios que se harían al sistema actual, está la migración de los ahorros de pensión de las personas que devengan dos salarios mínimos a un régimen de reparto administrado por el Estado, y los que tengan un salario mayor los destinarán a un régimen de capitalización operado por una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP).
Cáceres indicó que la reforma propone una comisión máxima del 1% dentro del régimen de reparto, y el régimen de capitalización que actualmente funciona por medio de las AFP’s tendría una reducción de la comisión de 2.2% a 1.9%. Al mismo tiempo, se crearía un Instituto Nacional de Pensiones, que podría contar con los servicios de las AFP’s para administrar los recursos del régimen de reparto.
Mientras tanto, la edad de retiro, el tiempo mínimo para pensionarse y la taza de cotización del 13% no cambian, solo que los empleados que devenguen más de dos salarios mínimos tendrán que aportar al pilar de capitalización el porcentaje aplicado al exceso de dos salarios mínimos.
Propuesta para reforma el sistema de pensiones divide a El Salvador
De lo anterior, el analista económico y de pensiones, Francisco Sorto, explicó que los cotizantes que se quedan en el régimen de capitalización serán los más afectados. “Los que van a salir perjudicados son los que tienen ingresos arriba de los US$484, dos salarios mínimos”, dijo Sorto.
Por otro lado, Sorto aseguró que la reforma traerá más rentabilidad a las pensiones de las personas que cotizan más de dos salarios mínimos, “estas personas (cotizantes del régimen de capitalilzación) están ganando sobre una cartera que incluye certificados de inversión provisional, que están pagando poco, al sacar eso del fondo, está sacando aquellos instrumentos de menor rendimiento, entonces solo quedarían dentro de la cartera otros cuyo rendimiento es mayor al que están pagando’’, expresó el analista.
Adicionalmente, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) asegura que la reformas aumentarían la deuda previsional del gobierno (pensiones que el gobierno subsidia a personas que estaban incluidas en el sistema de reparto que se manejaba en el país hasta 1998 cuando entro en vigencia el sistema de capitalización).
Pensiones salvadoreñas en la cuerda floja
“Se quiere regresar al sistema antiguo de reparto, con lo cual la deuda previsional va a aumentar un 60%, de US$26 millones a US$40 millones’’, explicó Waldo Jiménez, director de asuntos Económicos y Sociales de la ANEP.
Incluso, hay sectores de la población que rechazan dichas reformas y las califican de inconstitucionales por violar cinco artículos de la constitución: el número 2, sobre el derecho a la propiedad; el 3, derecho a la igualdad ante la ley; el 50, derecho a la seguridad social; el 102, derecho a la libertad económica; y el 103, derecho a la propiedad privada. Lo anterior fue expresado por José Anaya, directivo del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Contradeforp).
Anaya, declaró que de aprobarse la reforma, Contradeforp hará una demanda por inconstitucionalidad y emitirá un recurso de amparo para contrarrestar los efectos de la reforma.
