Al encuentro asistieron empresarios, representantes de sindicatos e instituciones estatales, autoridades universitarias y estudiantes y líderes de ONG ambientalistas. Y según HKND Group, los estudios de impacto ambiental y social (EIAS) del proyecto dictan que la construcción afectará a 27.000 personas de 6.800 hogares.
“Es uno de los pasos conclusivos para proceder a la aprobación de los estudios presentados”, expresó la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, quien dijo que durante la reunión se abrirán espacios para preguntas al auditorio especializado presente.
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Los EIAS fueron realizados por la firma británica Environmental Resource Management (ERM) y presentados ante la Comisión el 31 de mayo pasado, tras dos años de trabajo.
El subdirector ejecutivo de la empresa, Kwok Pang, aseguró que de toda la población afectada por la construcción del canal, solo 25 hogares son de familias de comunidades indígenas.
El proyecto del canal de Nicaragua consiste en una obra tres veces más grande que la que funciona en Panamá; con 276 kilómetros de largo por 230 a 520 metros de ancho, y 30 metros de profundidad.
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La obra, que costaría US$50 millones y emplearía a unos 50 mil trabajadores, partiría al país en dos y atravesaría el Gran Lago de Nicaragua o Cocibolca.
