Velásquez, quien encabeza en Guatemala una cruzada contra la impunidad y las mafias, no ha expresado reacciones inmediatas tras la detención de políticos, diputados, presidentes o vicepresidentes. En cambio, si lo hizo tras la detención de dos juezas y un magistrado, señalados por diferentes hechos de corrupción y tráfico de influencias.
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“Para quienes amamos la justicia, cómo duele la corrupción de un juez. Traiciona la misión sublime de juzgar y socava la confianza ciudadana”, manifestó sentidamente en su cuenta Twitter el comisionado de la ONU .
Dos juezas guatemaltecas y un magistrado fueron detenidos bajo cargos de cohecho pasivo, tráfico de influencias, prevaricato y enriquecimiento ilícito, informaron fuentes judiciales.
Una de las detenidas, quien se presentó voluntariamente al juzgado que giró una orden de detención en su contra, es Marta Sierra de Stalling, sindicada por hechos relacionados a la estructura criminal “La Línea”, el escándalo por el que están detenidos la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y el ex presidente Otto Pérez.
La orden de detención contra Sierra, titular del Juzgado Octavo Penal, fue girada por el Juzgado Undecimo de Instancia Penal por acusaciones de la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), que lidera Velásquez.
Sierra de Stalling, que aseguró que las “imputaciones son falsas”, es sindicada por los delitos de cohecho pasivo y prevaricato.
La otra jueza detenida es Jisela Reinoso, titular del juzgado Cuarto Penal, acusada de enriquecimiento ilícito. A ellas se suma la detención de un magistrado de la Sala de Apelaciones en el departamento de Quiché (norte), Erick Santiago de León, sindicado de tráfico de influencias.
Las acusaciones de la CICIG contra la jueza Sierra se basan en la medida sustitutiva que otorgó, aparentemente a cambio de un beneficio económico, a seis de los líderes de la estructura “La Línea”, tras su detención el pasado 16 de abril junto a otros 16 sindicados. Posteriormente, la CICIG y la Fiscalía lograron que se revocara la libertad condicional otorgada contra los sindicados.
De acuerdo con la CICIG, la jueza Sierra no explicó por qué motivos consideró que la situación de esas seis personas difería del resto de los sindicados, ni especificó las razones para otorgar las fianzas.
La CICIG informó contar con interceptaciones telefónicas para demostrar las negociaciones que la jueza tuvo contra los sindicados favorecidos con su resolución.
