De acuerdo con los economistas del Grupo Financiero ACOBO el alto nivel del déficit fiscal que presenta Costa Rica actualmente, es el factor que genera las mayores vulnerabilidades en la economía, ya que impulsa al alza el endeudamiento y genera posibles presiones sobre las tasas de interés internas y la estabilidad macroeconómica del país. Además, con el fin de enfrentar el pago de intereses y el de remuneraciones, es decir, los gastos corrientes se sacrifican los gastos de capital lo que afecta la inversión pública.
Prueba de ellos, ha sido la baja evaluación de riesgo que han brindado las calificadoras Fitch Ratings y Moody’s recientemente al país, argumentando como causa principal, el alto nivel del déficit fiscal, lo que respalda la preocupación de los analistas.
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Para Luis Diego Herrera, economista de ACOBO, algo preocupante es que se ha insistido en solicitar nuevos ingresos mediante la aprobación de proyectos de ley que crearían nuevos impuestos, sin embargo, no se ha visto que el Gobierno tenga más opciones en caso de que esta aprobación no se dé por parte de la Asamblea Legislativa. Además, comenta que de no corregirse a tiempo los indicadores, van a seguir empeorando y entre más grande sea el faltante más grande va a ser el ajuste que se deba realizar, impactando en mayor medida a los ciudadanos.
“En el corto plazo, el Gobierno debe realizar todos los esfuerzos posibles para ordenar y racionalizar el gasto público y tomar decisiones para reestructurar el gasto público actual para poder utilizar los fondos actuales en obras que den resultados tangibles y que impacten positivamente en la economía nacional. Se debe evaluar el uso de los recursos para determinar que ese sea el más adecuado, y si no lo es, destinarlo a otras necesidades más urgentes. Se deben tomar decisiones inmediatas en cuanto a volver más eficiente el gasto público”, añadió Herrera.
Competitividad vulnerable
El alto porcentaje de los ingresos destinado a la cancelación de los rubros de remuneraciones y transferencias, la inflexibilidad de los gastos, y la creación de gastos permanentes vía legislativa sin su correspondiente fuente de ingresos, son algunos de los factores que afectan negativamente la situación de las finanzas públicas en detrimento de la competitividad del país.
El economista agregó que un problema que se observa es que el Gobierno se está endeudando cada vez más para poder cumplir con todos sus gastos, lo cual es otro elemento que reduce la competitividad de Costa Rica, porque cada vez se debe presupuestar mayor cantidad de dinero para pagar esta deuda y sus correspondientes intereses, disminuyendo así los recursos disponibles que tiene el Estado para invertir en obras como nuevas carreteras, puertos, aeropuertos, entre otros.
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De acuerdo con un análisis realizado por el Grupo Financiero al Presupuesto Nacional 2017, para este año los gastos del Gobierno se incrementarían en 12.1% en comparación con el presupuesto de 2016. Al analizar los gastos, según la clasificación económica, se aprecia que el mayor porcentaje del presupuesto (72.3%) está dirigido a hacerle frente a gastos corrientes, en los que destacan los recursos destinados a transferencias corrientes (29.5%) y sueldos y salarios (23.0%). Además, del monto total se destina 20.5% al pago de la amortización y 7.1% a gastos de capital, complementando el total del monto presupuestado.
“El endeudamiento de la economía per se no es malo, pero se debe poner atención al nivel de éste y al destino de los recursos obtenidos por este medio. No es lo mismo endeudarse para pagar salarios o deuda ya adquirida que para desarrollar infraestructura o crear un programa que enseñe un segundo idioma a la población en edad escolar, por ejemplo. Preocupa mucho que el nuevo endeudamiento para 2017 será utilizado, principalmente, para cubrir gastos corrientes y la amortización de la deuda”, afirmó Herrera.
Las soluciones no llegan
Estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) indican que el nivel de deuda del gobierno central podría alcanzar el 69.1% del PIB bajo un escenario en donde no se realice ningún ajuste en materia fiscal. Además, en este informe se recomienda que el país realice un ajuste de, al menos, 4.0% del PIB con el fin de estabilizar la razón deuda pública a PIB.
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Sin embargo, a pesar de las recomendaciones del FMI, y a sabiendas de la crítica situación de las finanzas públicas, las autoridades políticas no logran realizar acciones que permitan corregir el rumbo de las cuentas fiscales. “Por un lado, los esfuerzos del Poder Ejecutivo por reducir gastos parecieran no ser sostenibles en el mediano plazo y la mayor recaudación no es suficiente para mejorar las cifras. Asimismo, el ambiente en la Asamblea Legislativa no es el idóneo para aprobar nuevos tributos dado la posición de la oposición respecto a las características del gasto”, expresó Herrera.
