El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, dio a conocer que al mes de julio del presente año, los ingresos corrientes recaudados totalizaron la suma de US$2,715.8 millones, ante un presupuesto de US$4,088.5 millones. Esto representa una disminución en los ingresos de US$1,372.8 millones o 33.6% menos. De igual manera, al mes de julio el Ministerio de Economía presupuestó una recaudación acumulada de US$3.127.1 millones en ingresos tributarios, recaudándose un total de US$2,115.2 millones, lo que representó una diferencia de US$1011.9 millones y en porcentaje 32.4% por debajo de lo presupuestado.
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Los ingresos no tributarios al cierre de julio mostraron una disminución por el orden de US$317.7 millones o 35.3% en relación a lo presupuestado. Lo recaudado totalizó US$581.3 millones de US$898.9 millones que estaban presupuestados. Los mayores aportes se dan por utilidades de empresas, alrededor de US$127.4 millones, es decir 21.9% de lo que se recaudó.
Los aportes en concepto de peajes del Canal al Tesoro Nacional al 31 de julio de 2020 han sido por US$308.7 millones de US$292 millones presupuestado es decir US$15.8 millones por encima de lo presupuestado. El presupuesto de peaje para todo el año es de US$519.2 millones. Se espera que para el resto del año los aportes en conceptos de peajes se mantengan en línea con lo presupuestado.
Se estima que al cierre de este año el déficit fiscal del Sector Público No Financiero estará muy cercano al 9% del PIB del 2.75% que realmente permite la ley.
De acuerdo con el funcionario, en marzo del presente año se aprobó un plan de restructuración dinámica del presupuesto de US$2,000 millones distribuido en US$.500 millones en funcionamiento y US$1,500 millones en inversión. Los traslados de partida que se han efectuado para cumplir con las resoluciones de Gabinete, para atender el covid-19, han sido remitidos a la Comisión de Presupuesto siempre para su debida aprobación.
La pandemia covid-19 ha tenido un impacto en la reducción económica del sector público y privado. Esto empieza como una crisis de salud que se transforma en una crisis económica y también crisis en las finanzas públicas. No obstante, el Estado ha seguido prestando los servicios públicos, nombrando al personal que se requiere para el área de salud, aproximadamente 1,318 posiciones en el Ministerio de Salud (MINSA) para hacerle frente a la pandemia y seguridad pública para sostener el orden público.
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Los proyectos que estaban en ejecución antes de la pandemia están en el proceso de reapertura, para ellos las diferentes instituciones están en coordinación con MINSA, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y Ministerio de Comercio e Industria (MICI) las cuales les brindan autorizaciones correspondientes para la reactivación de estas inversiones.
Se solicitó el retiro de US$85 millones del Fondo de Ahorro de Panamá, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que corresponde a la diferencia por encima del 2% de los activos totales como porcentaje del Producto Interno Bruto del año anterior. De estos US$85 millones se asignarán US$80 millones para el Programa de Fondo de Vivienda Solidario que lleva a cabo el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT). Esto consiste en la asignación de US$10,000 por cada vivienda habitacional y se cubrirá un total de 8 mil viviendas a nivel nacional. Los 5 millones de balboas restantes se asignarán al MINSA para fortalecer la adquisición de insumos, equipos médicos y demás para hacerle frente a la pandemia.
El total de desembolso que serán utilizados en el Presupuesto del Gobierno Central asciende a US$3,359 millones y se han recibidos US$500 millones que serán utilizados como parte de un fideicomiso que se ha reestructurado para fortalecer promover el otorgamiento de facilidades de créditos a los sectores productivos a fin de estimular el crecimiento económico de país y satisfacer las necesidades temporales de liquidez.
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