Por: Rekha Chandiramani
Hoy Panamá amaneció conmocionada. El día de ayer se difundió en varios medios de alcance mundial una información filtrada al diario alemán Suddeutsche Zeitung, que vincula a 128 políticos y funcionarios de alto perfil con el manejo de miles de millones de dólares de manera secreta a través de compañías “offshore” creadas en Panamá por la firma legal Mossack Fonseca.
La investigación, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), indica en el recuento que “los más de 11 millones de documentos obtenidos desde las entrañas de la firma, entre ellos perfiles de clientes, cuentas bancarias y correos electrónicos, y que registran los movimientos desde 1977 hasta diciembre de 2015, ejemplifican malas prácticas éticas y legales de clientes, y ponen en evidencia a una firma complaciente a la hora de esconder los secretos de sus clientes, entre los cuales figuran mafiosos, políticos corruptos, traficantes y evasores de impuestos”.
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Ante el escándalo, el representante de Mossak-Fonseca adelantó que investigarán la filtración de los documentos y pondrán las denuncias correspondientes ya que “la violación a la privacidad es un delito”.
También dijo que actualmente están asesorándose con sus abogados de Washington para lanzar una estrategia de defensa internacional. Paralelamente, el Ministerio Público de Panamá anunció que abrirá una investigación de oficio a la firma legal por la publicación de Panama Papers.
En momentos en que la OCDE presiona internacional (y mediáticamente) para que Panamá acceda al intercambio de información financiera automática de manera unilateral, y recién salido el país de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el reporte representa un punto de inflexión importante entre el sistema financiero actual del país y uno que quizás debe reconstruir.
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La firma forense respondió que no tiene injerencia en las actividades que pueda desarrollar el cliente final que adquiere la sociedad que ellos constituyen a través de un intermediario.
Su cofundador, Ramón Fonseca, además comparó el hecho con un fabricante de autos, que por el hecho de vender un vehículo no puede ser responsable si el mismo es usado para algún hecho ilícito.
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La información emana del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, quienes analizaron unos 11 millones de documentos filtrados al rotativo alemán. La información fue filtrada al diario alemán, quien acudió al Consorcio y este a su vez enlazó a 370 periodistas de 76 países distintos, para investigar a fondo el hecho.
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La síntesis del entramado está dando la vuelta al mundo y representa un duro golpe al sistema financiero internacional de Panamá, cuya fortaleza se recuesta en el secreto bancario y el régimen fiscal territorial.
La firma incriminada en el caso fue constituida hace casi 40 años, por el abogado alemán Jurguen Mossack y el abogado panameño Ramón Fonseca Mora, quien hasta hace poco fungía además como ministro consejero del presidente panameño Juan Carlos Varela y presidente encargado del Partido Panameñista (actualmente en el poder). En su historia, la firma ha inscrito unas 300 mil sociedades en distintas partes del mundo.
