Juan José López
La discusión sobre la portabilidad numérica ha sido retomada en el Congreso de la República para que los usuarios de telefonía sean propietarios de sus números en lugar de que las empresas de telecomunicaciones los administren.
El diputado Carlos Martínez, del recién conformado bloque legislativo Movimiento Reformador, presentó el jueves último la iniciativa de ley para que los usuarios decidan con cuál telco obtienen mayores beneficios además de apuntalar la ley contra robo de terminales.
“Queremos que los números, tanto prepago o de línea, sean de la persona y que ellas decidan a qué empresa quieren irse… por lo que las empresas tendrán que estar más preocupadas por el servicio, la red y la calidad”, expresó el legislador.
Cuatro consideraciones sobre la portabilidad numérica en El Salvador
La portabilidad reducirá los precios de los dispositivos para telecomunicaciones, mejorará la atención al cliente y reforzará la Ley de Registro Móvil para la prevención del robo de celulares y la extorsión, aprobada en 2013, según la bancada legislativa.
Incluso sin tener el documento a la mano, la iniciativa fue bien vista por Telefónica, tomando como referencia la implementación en otros países, como El Salvador, aunque, al igual que Tigo, manifestó que antes deberán conocerla.
Raúl Alas, gerente de Comunicación de Telefónica, expresó que “es algo bueno para el país. (Pero) es importante conocer bien la iniciativa que se ha presentado. En todo caso, con los antecedentes de leyes de este tipo, se pueden aplicar las experiencias de su implementación en otros países, por lo que sí la portabilidad está bien normada puede tener beneficios para el cliente final”.
El crecimiento saludable no es suficiente para Guatemala
El tema había permanecido estancado en el Congreso. Las reacciones han sido de toda índole: desde responsabilizar a los legisladores por falta de voluntad política, hasta la apreciación de los beneficios reales para los consumidores y considerarla como negativa.
En abril de 2014, el diputado Edgar Cristiani, del Partido Patriota, presentó otra iniciativa que, además de modificar la Ley General de Telecomunicaciones, sugirió que el costo de la portación, que rondaría los US$6, recayera en los usuarios y no en las telcos para que no incurrieran en otros gastos.
La portabilidad está contemplada en el Tratado de Libre Comercio que suscribió Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) en 2002 con Estados Unidos, aunque no quedó como una obligatoriedad, sino como una recomendación.
