Por Anyi Ospino
El proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas expediente 20.580, se ha encontrado en medio de la polémica desde el momento que se aprobó la aplicación del artículo del Reglamento Legislativo 208 Bis, en el cual se le concede darle la vía rápida a un proyecto de ley. En esa ocasión diputados del Movimiento Libertario y el Frente Amplio se levantaron en contra del proceso, más no del contenido.
El contenido del proyecto es lo que ha sucitado el descontento de organizaciones como: la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el Frente Interno de los Trabajadores del ICE y algunos activistas independientes, que se oponen a la Reforma Fiscal debido a que en el contenido de esta no solamente se gravarían servicios que son libres de impuestos, sino que también afectaría el tema de los pluses salariales del sector público.
“Existe descontento en la opinión pública ya que nadie quisiera pagar impuestos, el reclamo que surge es que se debe administrar mejor el gasto público, mejorar de manera integral a todo el sistema educativo, atacar fuertemente la evasión fiscal, darle mayor importancia a la recaudación electrónica; agravar el sector de los servicios es necesarios debido a que es uno de los sectores más dinámicos, y por ende debe contribuir“, explicó Roxana Murillo, economista de la Universidad Nacional (UNA).
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El proyecto 20.580 propone la transformación del Impuesto General de Ventas en uno de Valor Agregado, esto implica que se gravarán sectores de la economía en el momento se encuentran desagravados, pero que en si mismos son dinámicos lo que los hace atractivos para la captación de impuesto como es el caso de los servicios profesionales.
La reforma ha tomado giros tanto en la opinión pública como dentro del plenario, ya que el durante esta semana diputados electos como Carlos Ricardo Benavides y Pablo Heriberto Abarca solicitan a la actual Asamblea Legislativa que dejen el proyecto abierto a modificaciones, y de no ser así el equipo entrante retirarían el proyecto.
“Lo que le espera al nuevo presidente de la República es un arduo proceso de negociación, ya que tiene las reclamaciones de los distintos sindicatos, empresarios y al el equipo legislativo entrante; el como se llega de acuerdo en cuanto a los detalles es lo que genera los enfrentamientos” manifestó Murillo.
Algunos servicios que se gravarían serían los profesionales, de oficios y de reparación, los de espectáculos públicos por solo mencionar algunos. Dentro de los aspectos que contiene el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se encuentra el aumento a un 15% en el Impuesto sobre la Renta, y gravar los salarios que excedan los 2.1 millones de colones.
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También toca de área de empleo lo que ha levantado el descontento de la opinión pública y el levantamiento de organizaciones sindicales, ya que dentro de la reforma se plantea reestructurar la Ley de Salarios Públicos, esto para hacer frente al gasto público, dentro de lo que se propone se destaca establecer un salario único a los jerarcas, como también regular los pluses salariales y las anualidades de los trabajadores del sector público.
“No todo plus salarial es malo, hay sueldos de este sector que son bajísimos, lo que se necesita en este tema es una reforma integral, son los salarios más altos lo que necesitan ser intervenidos, para que estos no se eleven de manera desproporcionada”exortó Murillo.
En la misma línea del control del gasto se toca la Regla Fiscal, lo que se quiere conseguir con esta propuesta de ley es colocarle un tope al presupuesto del gobierno; y como parte de la reforma se encuentra la de detener la contratación de empleados públicos y mantener las plazas existentes.
Con el conjunto de Reformas, el gobierno busca recortar entre 1,5 y 1,9 puntos del déficit fiscal que afectan la economía nacional. Colocando a marchar las reformas, estas solo sería una una solución momentánea.
