Costa Rica busca combatir el comercio ilícito

Gabriela Mora

Según un estudio de Unimer, el 35% de la población admite haber comprado productos de contrabando, y un 53% ha realizado alguna compra o práctica ilegitima, como adquirir copias o productos originales sin pagar impuestos.

Ante este panorama, surge la necesidad de enfrentar la amenaza del comercio ilícito que aqueja al país, por ende la Cámara de Comercio de Costa Rica lanzó el “Observatorio del Comercio Ilícito (OBCI), órgano independiente que tiene como objetivo generar información relevante para la formulación de políticas públicas y acciones destinadas a combatir cualquier forma de comercio ilegal en Costa Rica, mediante una participación activa de las empresas afectadas y de las entidades públicas competentes.

El comercio ilícito se traduce en expresiones como el contrabando, la piratería y falsificación, comercio ambulante, subfacturación, entre otros fenómenos que impactan de forma negativa al comercio formal, así como al país en términos sociales y económicos.

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“El comercio ilícito representa uno de los principales problemas para la sociedad costarricense, por todos los efectos negativos que conlleva. La complejidad y el crecimiento de este fenómeno requiere una respuesta pronta, pero a la vez integral que reuna esfuerzos desde los sectores públicos y privados”, mencionó, Yolanda Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

Asimismo, representa una de las principales amenazas para el sector comercial pues es un tráfico que rompe las reglas: leyes, reglamentos, licencias, impuestos y todos los procedimientos que establece el país para organizar el comercio, proteger a los ciudadanos y aumentar los ingresos fiscales. Además, se ha identificado una correlación entre el comercio ilegal y el crimen organizado como el narcotráfico y el terrorismo.

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Para Carlos Arroyo, director general y vicepresidente senior de Walmart Centroamérica, es crucila que los comerciantes hagan frente común contra el flagelo del comercio informal, en momentos en que Estado y empresas flaquean en la administración del Estado de Derecho y generan, a los ojos de los consumidores la errónea percepción en que las practicas indebidas son normales e inofensivas.

 

 

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