Costa Rica busca mediante dos medidas erradicar la informalidad laboral del país

Gabriela Mora

Dentro de las propuestas expuestas por el sector empresarial costarricense resalta la implementación de un sistema de monotributo, así como de un plan piloto de reducción y modernización de trámites.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), ha propuestos una serie de reformas con el fin de incentivar a los trabajadores que se encuentran en la informalidad para que se acojan a la formalidad laboral, cumpliendo con la legislación nacional.

Como parte de esta iniciativa se destaca la creación de un sistema de monotributo, el cual plantea la existencia de una agencia recaudadora única que sea la que cobre los tributos, tales como los impuestos sobre la renta, el aporte a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y a los regímenes de pensiones, para que posteriormente se encargue de repartir el aporte correspondiente a cada institución.

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Aunada a esta propuesta, también plantearon la implementación de un plan piloto de reducción y modernización de trámites que están actualmente en uso a fin de determinar cuáles resultan efectivos y eliminando los que ya no son necesarios, sin requerir de acciones legales largas y costosas en cada reglamento.

Para Franco Arturo Pacheco, presidente de UCCAEP, luchar contra la informalidad laboral, es un tema que debe ser tratado con prioridad, ya que este sector representa casi el 40% de la población económicamente activa, y sin duda alguna es un tema de trascendencia, y como tal, debe ser resuelto. “La informalidad afecta considerablemente no sólo a la hacienda pública, sino que también contribuye a desequilibrar la seguridad social”, añadió.

Asimismo, para la entidad empresarial es importante frenar la informalidad laboral a fin de fortalecer el sistema de seguridad social, de ahí la urgencia de permitir el aseguramiento de los trabajadores por el tiempo real laborado y no por mínimos establecidos en la ley, medida que se conoce como aseguramiento por jornada efectivamente laborada.

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Estas propuestas forman parte de la mesa de diálogo tripartito que instauró la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el país con la participación del gobierno, sector empresarial y los sindicatos, los cuales deberán dar a conocer los primeros resultados en cuatro meses.

 

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