De acuerdo con el Ministerio de Economía (MINECO), la Ley de Competencia busca promover la eficiencia económica de Guatemala a través de garantizar la competitividad y la libre competencia en el mercado, así como cumplir con el compromiso adquirido en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
Según dicha cartera, es preocupante que actualmente dicha iniciativa aún no ha sido promulgada, pese a ser un compromiso adquirido por el Estado de Guatemala con la Unión Europea, en el marco del Tratado de Asociación con Centroamérica. Además, resalta que que el no cumplir con el plazo fijado para la aprobación de esta ley conllevaría a un incumplimiento del Acuerdo, lo que podría acarrear consecuencias económicas y políticas para el país.
Sin embargo, Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), asegura que es necesario considerar que estas decisiones deben tomarse porque le convienen a los guatemaltecos y no por la imposición de una potencia internacional.
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“Lo que realmente es lamentable de esta iniciativa es que no se habla nada de los problemas de competencia en los mercados causados por la propia administración gubernamental. No se está hablando de cómo eliminar barreras de entrada, privilegios que la misma regulación de Gobierno ha otorgado a sectores específicos”, expresa Maúl.
Por su parte, el Departamento de Economía Empresarial de la Universidad Rafael Landívar (URL) también se pronunció al respecto y afirmó que el el proyecto de ley presentado por el MINECO presenta fallas técnicas, “por lo que amerita un exhaustivo análisis antes de aprobar la ley”.
De acuerdo con Monitor Económico, una publicación de dicho departamento de la URL, la propuesta tiene funciones correctivas y no preventivas, “lo cual es contrario a la lógica económica de dicho tipo de normativas”.
Maúl coincide en que la versión de ley que se encuentra actualmente en el Legislativo debe ser revisada profundamente, ya que tiene elementos que deben ser mejorados, “sobre todo en lo que se refiere a garantizar el debido proceso y lo que que corresponde a darle a la autoridad de competencia poderes limitados”, dice.
Ley encuentra resistencia
Según MINECO, el proyecto de ley incluye la creación de la Superintendencia de Competencia, la cual estaría habilitada para investigar prácticas de empresas o grupos de empresas para determinar si son anticompetitivas, con el fin de sancionarlas.
El analista del CIEN agrega que la conformación de dicha entidad de control debe implicar un proceso cuidadoso que verifique el poder discrecional de las autoridades, ya que éstas van a tener la poder de confiscar información privada de las empresas, obligar a que éstas den información contable, o de imponer sanciones u ordenar cierres de compañías.
Según Maúl, es precisamente en este punto es en el que radica una de las debilidades de esta iniciativa, ya que la misma no deja del todo claro cómo se garantizará el debido proceso a quienes resulten acusados. “También es importante que esta ley no tenga excepciones de ningún tipo, en resumen, o todos hijos o todos entenados. Si alguien tiene algún privilegio otorgado por el Estado, ese mismo privilegio debería ser susceptible a cualquier otra persona o sector económico que lo pida”, añade.
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Nicholas Virzi, vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) aseguró que dicha institución apoya el diálogo y la búsqueda “de una buena Ley de Competencia”. Sin embargo, aseguró que les preocupa ciertos aspectos de la presente iniciativa. “El aspecto que más nos preocupa es la falta de protección del debido proceso”, enfatiza.
Maúl también resalta que en Guatemala ya existe una normativa de competencia, la cual está incluida en la Constitución de la República y en el Código de Comercio. “Sin embargo, durante años no se ha hecho nada para ponerla en práctica ni para ponerla a funcionar, por lo que antes de pensar en una nueva ley, habría que evaluar las bondades o debilidades que tiene la normativa ya existente”, dice.
Por su parte, el Ministro Morales asegura que efectivamente han recibido varias observaciones y solicitud de cambios con referencia a la iniciativa de Ley de Competencia por parte de universidades, centros de investigación y cámaras empresariales.
“En el proceso de aprobación de una ley siempre va a haber diversas opiniones de todas las entidades, sectores y personas que se sientan afectados”, expresó el titular de la cartera de Economía, quien hizo énfasis en que es importante la aprobación de la misma para garantizar el cumplimiento del Acuerdo con la Unión Europea. “Como país tenemos que evolucionar y si adquirimos un compromiso, lo tenemos que cumplir”, acota.
