La implementación de políticas de prevención, como la reducción de las tasas de deserción escolar y el aumento de empleo juvenil de calidad, juegan un rol determinante para hacer frente a este prominente y costoso problema.
Según el informe, “Fin a la violencia en América Latina: una mirada a la prevención desde la infancia hasta la edad adulta”, del Banco Mundial (BM), la violencia aún es un reto importante para América Latina y el Caribe (ALC), a pesar de los importantes logros económicos y sociales experimentados por la región durante la última década.
“Los altos niveles de crimen y violencia tienen un alto costo en vidas humanas y lastiman el desarrollo. Para tener éxito, la región necesita construir un tejido social más inclusivo y con mayor igualdad de oportunidades”, expresó Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para ALC.
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Según el informe, la inseguridad es el resultado de muchos factores, entre ellos, el tráfico de drogas y el crimen organizado, los débiles sistemas judiciales y de cumplimiento de la ley que fomentan la impunidad, la falta de oportunidades y apoyo para jóvenes que viven en comunidades desfavorecidas. Asimismo, señala que el crimen y la violencia están altamente concentrados en zonas geográficas específicas de barrios y ciudades, por lo que no todos los países, ciudades o comunidades de la región sufren los mismos niveles de violencia.
El estudio destaca que no hay fórmula mágica o política única para solucionar el problema y enfatiza que basarse sólo en una mayor acción policial o una mayor encarcelación no es suficiente. Una combinación bien enfocada de iniciativas puede desempeñar un papel importante en la prevención de actos violentos y conductas delictivas.
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Si bien los enfoques a largo plazo de la prevención pueden comenzar antes del nacimiento y brindar beneficios en la adolescencia y en la edad adulta, programas de política eficaces con horizontes a más corto plazo también están disponibles más adelante en la vida de las personas. Estos incluyen inversiones en programas de educación, programas de comportamiento y destrezas sociales, así como esfuerzos de reducción de la pobreza bien enfocados, entre otros.
También reconoce que la eficacia de muchas de estas políticas preventivas depende en gran medida de la capacidad institucional para implementarlas. La prevención del delito puede ser claramente más exitosa en un contexto en el que la población confía en instituciones como la policía o el sistema judicial.
