La corrupción eleva el costo de hacer negocio en un país, y mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima en más de 10% este valor, el Banco Mundial, según sus investigaciones, estima las pérdidas en más del 5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Puntualmente para los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) la corrupción implicó una pérdida de US$52 mil 600 millones entre 2003 y 2012, según el Grupo Global de Integridad Financiera. Un valor que equivale a más de 2 veces el presupuesto de educación, o a más de 5 veces el presupuesto de seguridad, de los tres países durante ese periodo.
Corrupción e inseguridad siguen acechando a los negocios salvadoreños
Ante esta situación, el presidente de la a Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Doboub, advirtió que como actores sociales es posible detener la corrupción e implantar en su lugar una nueva cultura de transparencia, pero esto requerirá tomar decisiones inmediatas e integrales.
La propuesta de la ANEP se denomina “El Salvador libre de corrupción” y cuenta con el acompañamiento de entidades nacionales y extranjeras de trayectoria en la lucha anticorrupción.
De acuerdo al Vicepresidente de la ANEP, Agustín Martínez, El Salvador ha experimentado un grave deterioro en los índices de percepción de la corrupción y en la práctica, puede verse como disminuye la efectividad de las políticas públicas, como se afecta la credibilidad del país, se reduce la inversión, la actividad productiva y los índices de desarrollo humano.
El Banco Mundial estima que El Salvador está en un grupo de países que pueden perder hasta un 5% del PIB debido a la corrupción e ineficiencia del Estado.
“Nuestro El Salvador merece ser un país con cultura de integridad, por ello debemos impulsar la probidad, la competencia e independencia de los funcionarios y la responsabilidad fiscal”, expresó Martínez.
Reformas y propuestas
En Enade 2016 se lanzaron propusieron tres reformas constitucionales y legales y cuatro propuestas adicionales para promover la transparencia y eficiencia del sector público
1. Reforma al Código Procesal Penal a fin de facilitar la denuncia de quienes han sido víctimas de delitos y una Ley que combata el Enriquecimiento Ilícito.
2. Establecer reglas fiscales claras con límites constitucionales que garanticen la sostenibilidad fiscal, acompañadas de la implementación de un sistema de evaluación social de todos los proyectos que se desarrollan en las entidades públicas e implementar un mecanismo de subasta electrónica para realizar compras de bienes y servicios del Estado, como garantía de transparencia y reducción de costos.
3. Propuestas de reformas constitucionales para el uso adecuado de los fondos públicos, “presentaremos un Código de Ética Empresarial y propuestas de participación de la Sociedad Civil en esta lucha para transformar la cultura generalizada de corrupción”, asegura Martínez.
Sin embargo Daboub enfatizó que la propuesta comienza con los empresarios.
“Los empresarios debemos ser los primeros en reconocer que la corrupción no es fórmula de una sola variable. Para exista un corrupto debe haber también un corruptor”, indica.
Por eso, ante todo, “comenzaremos procurando que el país tenga un sector productivo honesto, enemigo de la corrupción y comprometido con la ética”, puntualizó.
