La Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) solicitó a través de un campo pagado que las fracciones legislativas no aprueben advirtió una reforma a la Ley de Bancos que prohíbe el cierre de cuentas y la contratación de servicios bancarios aunque exista información de que el solicitante esté implicado en varios delitos debido a las consecuencias negativas que traería en caso que se aprobara.
Dicha propuesta de reforma, que es abanderada por los diputados del partido de Gobierno, contempla que “los bancos no podrán cerrar cuentas bancarias sin justa causa y sin previa resolución judicial o administrativa, emitida por la autoridad competente”.
Esta reforma también incluye que los bancos “no podrán negar al público los servicios de apertura de cuentas bancarias o de cualquier otro servicio, a menos que el banco determine mediante el debido proceso, que el solicitante del servicio bancario, no cumplió con los requisitos exigidos por la ley, debiendo comunicar por escrito su resolución al usuario”.
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De acuerdo con ABANSA estas propuestas de reformas colocaría a El Salvador en una categoría de país “no cooperante” en la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de personas y el financiamiento del terrorismo, entre otros”.
Según el grupo de legisladores que respaldan esta reforma, lo que se busca es que se norme la apertura o cierre de las cuentas bancarias pues actualmente estos procesos quedan a discreción del banco. Sin embargo para la gremial de bancos esta reforma provocaría el cierre de líneas de financiamiento de Bancos Internacionales para los bancos privados que operan en El Salvador.
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De acuerdo a Abansa, de aprobarse esta reforma influiría en la disponibilidad de crédito y las transferencias para facilitar el comercio internacional, como exportaciones e importaciones del sector productivo local, además también se verían afectados los receptores de remesas en el país ya que estas se realizan mediante transacciones financieras internacionales.
Actualmente la propuesta se encuentra en discusión en la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa y se analizará si se requiere la presencia del presidente del BCR y el titular de la SSF.
