Cuatro candidatos presidenciales acudieron al llamado del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica (CCPCR), para presentar sus propuestas en materia fiscal en la Mesa Redonda: Costa Rica 2018 – 2022.
Y es que en días pasados, el presidente Luis Guillermo Solís anunció que el gobierno enfrenta dificultades de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales, situación que sin duda despertó preocupación en los distintos sectores del país.
Fue así como Mario Redondo, Sergio Mena, Rodolfo Hernández y Fabricio Alvarado, de los Partidos Alianza Demócrata Cristiana, Nueva Generación, Republicano Social Cristiano y Restauración Nacional, respectivamente, fueron críticos del uso de los recursos y de la necesidad de controlar el gasto, por lo que cada uno presentó planes para solventar el problema de liquidez.
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Sergio Mena, candidato presidencial por el Partido Nueva Generación, indicó que ningún candidato ni gobierno es capaz de resolver la crisis fiscal en un año. “Por lo tanto hay que pensar en eliminar impuestos que favorecen el contrabando, y en crear nuevos; por ejemplo, Renta Global, así como la transformación del Impuesto de Ventas al Impuesto al Valor Agregado, IVA, pero no en un 15%, sino en un 13%”, añade.
Mientras que, la creación de una “Red de Fiscalización”, es para Mario Redondo de Alianza Demócrata Cristiana, la herramienta más efectiva para frenar la corrupción. “Se necesita una cadena de participación entre funcionarios públicos, diputados y ciudadanos, para poder controlar la forma en la que se gastan los recursos”, menciona.
Asimismo, el candidato del Partido Republicano Social Cristiano, Rodolfo Hernández, apoya la línea de control, ya que propuso que en el caso de las auditorias, sea la Contraloría General de La República la que de las órdenes a estos profesionales para evitar una posible “complicidad” entre ellos y las juntas directivas de las instituciones.
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Por último, Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional, se enfoca en la necesidad de que el país tenga instituciones que se encarguen de construir obra pública. “Yo apoyo la iniciativa que autoriza al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a trabajar en los grandes proyectos, ya que tienen la tecnología y el personal necesarios para asumir esos retos, y así, y disminuir o eliminar los proyectos por concesión a empresa privadas”, comenta.
