El gobierno de Costa Rica ha impulsado nuevas propuestas fiscales luego de que los proyectos legales sobre incremento de impuestos y empleo público carecieran del respaldo de los diputados, sin embargo ninguna ha logrado luz verde ante el congreso.
La propuesta original del gobierno de Luis Guillermo Solís, era convertir el impuesto de ventas del 13% en un impuesto de valor agregado (IVA) del 15 % que además aumenta la base de productos y servicios por gravar.
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Ante la negativa de la oposición de apoyar el proyecto, el gobierno propuso a los diputados crear el IVA y mantenerlo en el 13%, pero siempre aumentando la base de productos y servicios sujetos al tributo. Para los servicios de salud y educación privados habría un IVA diferenciado del 4%. Otro planteamiento es el de aumentar un 1% el impuesto selectivo de consumo y fijar una tarifa del 12 % a las ganancias de capital.
Desde su llegada al Gobierno en mayo de 2014 el presidente Solís ha insistido en la urgencia de tramitar proyectos tributarios que ayuden a paliar el déficit fiscal que en 2016 cerró en el 5,2% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra menor a la del 2015 cuando fue del 5,6 %.
Asimismo, los sindicatos habían anunciado una huelga debido a que el Gobierno había convocado a discusión en el Congreso el proyecto de ley de empleo público, el cual busca reducir pluses salariales como anualidades, años de cesantía, dedicación exclusiva, entre otros, y que entraría a regir solo para nuevos trabajadores. Sin embargo, el pasado viernes, el Gobierno retiró del Congreso el proyecto y los sindicatos cancelaron su llamado a la huelga que afectaría servicios como los de salud y educación.
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“La discusión fiscal y tributaria es de otra naturaleza. Si bien incluye el tema del empleo público, cuyo sistema salarial no guarda relación con el déficit fiscal, es una discusión más integral y más profunda pues no solamente pasa por la naturaleza del sistema tributario, sino que va más allá: el modelo de Estado para fomentar una sociedad realmente inclusiva y transparentemente justa”, afirmó, Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).
El Gobierno ha alertado en varias ocasiones que debido al déficit el nivel de deuda del país ha venido creciendo a un punto preocupante, pues se calcula que en 2017 cerrará en un 50% del PIB, si no se aprueban las reformas tributarias. Ante este panorama el Gobierno ha optado por suavizar su postura e impulsar cambios fiscales menos ambiciosos con el objetivo de hacer más viables los proyectos. Por lo que las autoridades han pedido a las fracciones legislativas una respuesta a las variantes propuestas para el dos de febrero.
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