El emporio comercial liderado por Abdul Waked se estremeció hace 3 meses cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos asoció al empresario como co líder de una organización para lavar dinero junto a su sobrino Nidal Waked.
La Lista Clinton, como se le conoce popularmente, incluyó a 68 empresas, entre ellas el Grupo Wisa que posee la cadena de almacenes La Riviera, quienes dominaban los locales “duty free” a lo largo y ancho de Centroamérica. Solo en Panamá competían casi al 50% con el grupo Motta en el aeropuerto de Tocumen; mientras en Colombia poseían fuerte presencia, incluso habían adquirido hace poco el derecho a comercializar la marca Mango.
La suerte de La Riviera se empezó a definir con más celeridad en Colombia. Justo el país donde fue capturado el colíder de la denominada “Waked Money Laundry Organization” por la Oficina de Activos de los Estados, Nidal Waked, cuando arribaba a Bogotá en un vuelo desde la capital canalera.
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De 102 locales en Colombia, sólo quedaban operando 60 al 6 de junio, según reportó el diario colombiano El Tiempo. El rotativo también citó las declaraciones del apoderado de La Riviera Colombia, Jaime Granados, quien indicó “que de manera unilateral La Riviera optó por terminar el acuerdo para expandir la marca española de confecciones Mango en Colombia, que recién se acababa de firmar”.
Como consecuencia directa de la Lista Clinton, los bancos retiraron los puntos de venta para transacciones con tarjeta de crédito y débito de todos los locales, reduciendo así su movimiento comercial a pagos en efectivo, forma como hasta ahora han venido operado las sucursales de La Riviera que quedan.
En Panamá, tras perder un puesto en la junta directiva del Aeropuerto de Tocumen, la cadena negoció una salida con el Ministerio de Trabajo. El ente estatal emitió un comunicado confirmando el acuerdo con el Grupo Wisa a través del cual “garantizarán los derechos laborales de los trabajadores de esta empresa en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, ya que la empresa se compromete a depositar en una cuenta del Banco Nacional de Panamá, en un período de 4 meses, el total de las prestaciones e indemnizaciones de los trabajadores”.
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De igual forma, la empresa se comprometió continuar con el pago de las quincenas sucesivas y obligaciones crediticias, así como las cuotas obrero – patronal ante la Caja de Seguro Social de Panamá.
Para el cálculo de las prestaciones e indemnizaciones, el Ministerio de Trabajo practicará una auditoria laboral y se tomarán en consideración los salarios percibidos por los trabajadores desde el 15 de diciembre de 2015 al 15 de junio de 2016.
¿Una medida injusta?
El Colegio Nacional de Abogados de Panamá se expresó en contra de las medidas norteamericanas sobre este caso. “La Lista Clinton es la antítesis del derecho, pues es eminentemente subjetiva” expresó la organización en un comunicado. Además lamentaron “la muerte financiera, porque se le cierra todo acceso bancario y financiero al afectado, y la muerte moral, porque se le condena sin un juicio justo”, a la que se somete al afectado.
No obstante, los voceros del grupo han preferido mantener un bajo perfil en las últimas semanas y negociar con el gobierno a través de la creación de fideicomisos, tal como pasó con la cadena de almacenes Félix B. Maduro y el centro comercial Soho Mall. La Riviera no ha dado señales de que correrá con la misma suerte, pero sólo el tiempo lo dirá.
