¿Cuáles han sido los casos de corrupción más recientes en la región?

Gabriela Mora

A un mes de haber iniciado este 2017 parecería increíble que la imagen de Centroamérica y el Caribe esté marcada por actos que atentan contra su transparencia económica, social y política, lo cierto es que así es.

Recientemente, Transparency International presentó el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) donde Costa Rica logró su mejor calificación desde 2013, sin embargo Nicaragua, Guatemala y Honduras mostraron cifras preocupantes. Mientras tanto, Panamá, El Salvador y República Dominicana hacen sus esfuerzos por salir del fondo de la tabla.

Según el informe, los números negativos para la región se deben  a los casos de corrupción vividos durante el 2016, tales como, los Papeles de Panamá, el caso La Línea, en Guatemala, entre otros, así como las manifestaciones en Honduras a causa de la inseguridad.

Sin embargo, este año que recién empieza ha sido protagonista de casos como el de la constructora brasileña Odebrecht, la cual aceptó haber pagado US$3.500 millones de multa, la mayor de la historia por sobornos, tras ser acusada de entregar US$439 millones a políticos, partidos y funcionarios en al menos 12 países para garantizarse la adjudicación de obras públicas. Otros de los países involucrados fueron República Dominicana, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. 

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Para Evelyn Villarreal, vicepresidenta para Costa Rica de Integra, organización aliada de Transparency International, el impacto que tiene para un país el estar envuelto en este tipo de sucesos, atenta contra la competitividad y la oportunidad de generar nuevos negocios en los países, es decir, el interés de parte de otras naciones por invertir en ellos.

Guatemala, siendo uno de los países del área con las perspectivas más negativas en términos de corrupción, vivió uno de los escándalos de corrupción más recientes cuando el hermano y el hijo del presidente Jimmy Morales fueron detenidos por presunta vinculación con un caso de corrupción en el Registro General de la Propiedad (RGP).

Asimismo, otro de las titulares que acaparó la atención nacional recientemente fue el involucramiento del exviceministro de  Gobernación, Manfredo Pacheco, y el exdirector general de la Policía Nacional Civil (PNC), Walter Rene Cerón, por la renta de 47 vehículos blindados por un monto de más de US$4 millones en los años 2014 y 2015. Ambos involucrados fueron capturados y se les acusa de abuso de autoridad para aprobar los contratos ilícitos.

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El tercer involucrado en dicho caso es el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien ya se encuentra en prisión por otros casos de corrupción que incluyen la malversación de fondos para comprar regalos lujosos para el expresidente Otto Pérez Molina, quien también se encuentra en prisión.

Además, El Congreso de Guatemala retiró hace pocas horas la inmunidad a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, para que sea investigada por tráfico de influencias tras supuestamente presionar a un juez  para que dejara en libertad a su hijo, Otto Molina Stalling, quien también fue capturado. Ya en 2015 Stalling había sido mencionada en una escucha telefónica en la que Luis Mendizábal, un prófugo de la justicia, aseguraba que la magistrada sería quien lo ayudaría a a evadir a la justicia.

No exentos de conflictos

Aunque en este 2017 no se han visto involucrados en casos de corrupción, en años anteriores si lo hicieron.  En mayo de 2015 en Honduras se descubrió un desfalco de unos US$200 millones al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de cuyas arcas se había desviado el dinero a empresas de cartón. La presión fue en aumento contra el presidente Orlando Hernández pues otras investigaciones determinaron que el partido que lo llevó a la presidencia, el Partido Nacional, había recibido 10 cheques de estos fondos del IHSS.

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En Nicaragua, la falta de transparencia en el manejo de los fondos provenientes de Venezuela, la contratación directa de la Empresa de Transmisión Eléctrica y el uso discrecional de fondos para la construcción de los llamados “árboles de la vida” fueron denunciados como actos de corrupción durante el 2015, mientras las protestas fueron generalizadas por la autorización de los permisos ambientales y sociales del proyecto Gran Canal.

El Salvador por su parte, tres gestiones presidenciales han dejando un mal sabor para el país, producto de la malversación de fondos, en promedio, unos US$261.7 millones los cuales no fueron percibidos por las arcas del Estado y no hay explicación de su destino. El hecho más reciente se dio por el expresidente Elías Antonio Tony Saca, por la desviación de US$246 millones del Tesoro Público de Casa Presidencial (Capres) hacia 12 cuentas las cuales se encuentran a nombre de Élmer Roberto Charlaix, exsecretario privado de la presidencia, Francisco Rodríguez y Pablo Gómez.

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