Tradicionalmente el término paraíso fiscal se asocia a aquellos países o jurisdicciones que ofrecen importantes incentivos fiscales y donde apenas se deben pagar impuestos y cada país tiene una lista de territorios que considera paraísos fiscales.
La Administración Tributaria de El Salvador publicó una guía anual sobre transacciones con paraísos fiscales que establece una lista revisada de países, estados o territorios considerados regímenes fiscales preferenciales, jurisdicciones de baja o nula tributación o paraísos fiscales para efectos tributarios salvadoreños (Paraísos Fiscales2). La lista revisada estará vigente para el año fiscal 2018 (es decir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018).
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El listado de Paraísos Fiscales en la categoría de baja tributación que incluye 44 jurisdicciones, entre las cuales se encuentran: Suiza, Estonia, Hungría, Islandia, Polonia, el Reino de Arabia Saudita, la República de Kazajstán y la República de Turquía.
La categoría de nula tributación incluye 41 jurisdicciones, entre las que se encuentran: Aruba, las Bahamas, Bermuda, Curaçao, las Islas entre las que se encuentran: Aruba, las Bahamas, Bermuda, Curaçao, las Islas Caimán, las Islas Cook, las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas, Jersey, Mónaco, Dakota del Sur, Delaware, Florida, Nevada y Wyoming.
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Pero de acuerdo al informe de Oxfam, los 5 paraísos fiscales más importantes, por orden de importancia: son Islas Bermudas, Islas Caimán, Países Bajos, Suiza y Singapur. También figuran Irlanda, Luxemburgo, Curazao, Hong Kong, Chipre, Las Bahamas, Jersey, Barbados, Mauricio e Islas Vírgenes Británicas.
Cabe resaltar que la inversión hacia paraísos fiscales en América Latina se ha multiplicado por 7 desde 2001, según el mismo informe y a pesar de que no aparece entre la lista, El Salvador alcanza el 7% del producto interno bruto (PIB) y crece el doble de rápido que la economía.
El informe de la entidad muestra que los paraísos fiscales son solo una parte del problema, y alega que países de todo el mundo están reduciendo la tributación que aplican a las grandes empresas en una ‘competencia’ por atraer más inversiones.
