Por otro lado, se resaltó que los indicadores de transparencia fiscal muestran deterioro en los últimos años, un desestímulo al apoyo ciudadano a un incremento en el gasto público que profundiza la desconfianza en las autoridades.
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En lo que respecta a los ingresos, el ICEFI mostró que los ingresos tributarios son la principal fuente de financiamiento corriente del gasto público, los cuales también son insuficientes debido principalmente a una carga tributaria demasiado baja, rígida y en caída, desplomándose al 10.0% en 2018, con lo cual retrocedió al nivel de 1998.
Por otro lado, el Instituto refiere que el sistema tributario padece de fallas estructurales como: es insuficiente para financiar el gasto público, es injusto en el sentido que tiene una estructura regresiva (quienes tienen menores ingresos pagan más que proporcionalmente más impuestos que quienes tienen más ingresos) y, dificulta el combate en contra de los flujos ilícitos de capitales.
Para el ICEFI el nuevo gobierno deberá realizar un esfuerzo importante en mejorar la efectividad de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ya que el porcentaje de incumplimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ha venido creciendo desde 2012 y se desconoce el del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de otros impuestos, en tanto que la tendencia de la productividad del IVA es de pérdida.
Cabe resaltar que el déficit fiscal de Guatemala se redujo durante el periodo 2010-2016, pasando del 3.3 % al 1.1% del PIB, tendencia decreciente que se revirtió en 2017 al registrar 1.3% del PIB, en 2018 con 1.8% del PIB, en tanto que el presupuesto vigente para 2019 contempla 2.4% del PIB.
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Según la entidad, aunque este déficit fiscal es bajo al compararlo con el del resto de Centroamérica, la tendencia creciente desde 2017 se refleja en algunos rasgos de insostenibilidad fiscal al realizar un análisis cuantitativo de la deuda pública.
En este panorama, el ICEFI instó a los partidos políticos a privilegiar el bien común en el diseño de la política fiscal que implementarían en caso ganaran las elecciones. Recomendó realizar estimaciones técnicas del gasto público que requeriría cumplir el precepto constitucional del bien común, así como desarrollar herramientas técnicas para medirlo.
