Alejandro Marín
El informe Doing Business 2016: midiendo la calidad y eficiencia regulatoria del Banco Mundial califica la facilidad de hacer negocios en 189 países del mundo, valorando 10 indicadores y tres aspectos: procedimiento, tiempo y costo.
El Ministro de Economía, Industria y Comercio costarricense, Welmer Ramos, explicó que las economías mejor calificadas no son donde no existen regulaciones, sino donde estas se cumplen sin impedir el desarrollo de los sectores públicos y privados.
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En el informe, que es tomado en cuenta por los inversionistas de todo el mundo, se especifica que en Latinoamérica y el Caribe existen dos grupos: mientras que las economías del Caribe y Centroamérica tienden a consultar a los stakeholders de las empresas, las economías más grandes, como Brasil, Colombia y México, tienen procesos de consulta más abiertas y sistemáticas.
América Latina y el Caribe tiene la mayor parte de las economías donde se utilizan los servicios jurídicos en el proceso de puesta en marcha y donde más contratan abogados los inversionistas, además de ser la región con el mayor costo en este rubro.
El puesto 104 es el promedio de las economías latinoamericanas en el informe Doing Business, donde México, en el puesto 38, es el líder, seguido en la clasificación global por Chile (48), Perú (50) y Colombia (54).
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Costa Rica ocupa el puesto 58 (+21 con respecto al año pasado) y es el mayor avance a nivel mundial. Esta notoria mejoría se debe a las reformas en electricidad, recaudación de impuestos y el acceso al crédito.
La utilidad en Costa Rica redujo el tiempo requerido de la instalación del suministro de electricidad y en cuanto a la recaudación, el Gobierno promovió la declaración y el pago de impuestos de manera digital. Asimismo, se mejoró el acceso al crédito gracias a la implementación de un moderno sistema de garantías para garantizar la seguridad de las transacciones.
Pese a estos avances, el país no es fuerte en el rubro que contempla las facilidades para abrir un negocio, donde cayó 5 puestos y ahora ocupa el lugar 121.
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Panamá ocupa el lugar 69 (-3), pues tiene una muy buena calificación en la facilidad para iniciar una empresa (91 de 100 puntos posibles) y hay una buena infraestructura eléctrica; sin embargo, las principales dificultades están en la insolvencia de deudas, el incumplimiento de contratos, la dificultad para el pago de impuestos y en la escasa protección de los pequeños empresarios.
Guatemala ocupa el mismo puesto del año pasado, el 81. Entre las reformas guatemaltecas se destaca el programa “Aduanas sin papel”, que permite la presentación y tramitación electrónica de documentos a través de un portal web, se puso en funcionamiento desde enero de este año.
Sin embargo, algunas de las trabas que aún persisten en el país es la tardanza en la resolución de disputas (un promedio de 1.402 días) lo que, según el informe, reduce el número potencial de clientes y proveedores de las compañías.
El Salvador, 86 en el ranking (+11), mejoró el acceso al crédito mediante la adopción de la Ley de Bienes Muebles, que incluye disposiciones que permiten un enfoque funcional de las operaciones garantizadas y un registro centralizado de garantías basado en la notificación moderna.
Pese al buen avance, el tiempo de aduana en la exportación e importación se aumentó mediante la implementación de una inspección adicional no intrusiva en el cruce fronterizo Anguiatú con Guatemala.
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República Dominicana bajó tres puestos y es el lugar 93. El comercio internacional, los permisos de construcción y, en menor medida, el pago de impuestos son algunas de las ventajas de la economía dominicana. No obstante, la resolución de problemas de insolvencia de deudas es una de las peores calificadas en todo el mundo.
El avance de Honduras (+5), ahora 110 del mundo, se debe principalmente a sus reformas en la protección de pequeños inversionistas con las que actualizaron un reglamento emitido en 1948. Este es el país con más reformas en esta área en los últimos cinco años.
Entre las reformas destacadas en el informe se citan la obligatoriedad de que las inversiones que representen más del 5% de la empresa deban ser autorizadas por los accionistas y que los directores interesados deben abstenerse del voto.
Sin embargo, el pago de impuesto se hizo más costoso para las compañías al introducir un mínimo alternativo al impuesto sobre la renta.
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El último puesto de Centroamérica lo ocupa Nicaragua, el 125 del mundo (-2). Este país tiene apenas una calificación aceptable (68 puntos) en el servicio eléctrico, pero según se detalla en el informe, a Nicaragua le afecta no contar con procedimientos judiciales modernos para la atención y reorganización de los sectores productivos.
