Diego Villacorta y Amanda Rodas
Las finanzas públicas salvadoreñas atraviesan por un período de fuerte deterioro. El déficit es alto, promedió 3.9% del PIB de 2008 a 2015 y la deuda alcanzó 61.4% del PIB a diciembre de 2015; además, se observa falta de liquidez en la caja fiscal.
Los problemas fiscales de El Salvador se profundizaron desde 2008 por el incremento significativo del gasto público respecto a los ingresos y los impactos de la crisis mundial, explicó Fusades. Por ello es urgente aprobar la Ley de Responsabilidad Fiscal.
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“El Gobierno salvadoreño está invirtiendo de una manera descuidada; aprobar y poner en vigencia una ley de responsabilidad sería un instrumento útil para afrontar este desafío, lo cual implica que las instancias políticas y actores sociales claves arriben a un acuerdo sobre el manejo actual de las finanzas públicas y de los años venideros”, señala Luz María Serpas de Portillo, analista de Fusades.
Puntualmente los analistas destacaron cuatro beneficios que tendría el país con la aprobación de una reforma fiscal:
1.Definirá un panorama claro de la política fiscal a largo plazo.
2.Las decisiones presupuestarias estarían enmarcadas en un contexto plurianual.
3.Mejorará el exceso de discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas.
4. Aumentaría la confianza de los agentes económicos, con efectos positivos en la calificación crediticia y el riesgo país, siempre que la ley se cumpla.
De Portillo reconoció que la Ley de Responsabilidad Fiscal ayudaría a detener el deterioro registrado por las finanzas públicas, aunque para esto se requiere un ajuste fiscal integral, que permita poner freno al incremento del gasto público, mejorar ingresos, que la deuda se estabilice y disminuya en los años venideros.
El director de Política Económica y Fiscal del Ministerio de Hacienda, Nelson Fuentes, afirmó que el país hoy más que nunca necesita una ley que le permita impulsar condiciones de estabilidad en esta materia fiscal. Fuentes, también habló de la deuda pública, explicó que se ha mantenido estable y al cierre de 2015 rondaba el 46.5%, lo que se está incrementando es la deuda por efecto de pensiones al año pasado sumaba 14 puntos del (PIB).
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“La necesidad de un ajuste fiscal integral para disminuir el déficit y revertir la trayectoria alcista de la deuda, debería ser hoy en día una prioridad nacional. Hasta junio del 2016, la deuda asciende a 60%, es decir que el país gasta más de lo que ingresa anualmente”, reflexionó Fuentes.
Por otro lado el ministro de Hacienda, aseguró que es importante entender que no hay un ley que pueda sustituir el compromiso político con la sostenibilidad de las finanzas públicas, y por esto la Ley de Responsabilidad Fiscal debe ser percibida como un acuerdo amplio entre los actores políticos y sociales claves sobre el tipo de reglas fiscales que se pondrán en práctica en el país para que las finanzas públicas sean sostenibles, lo que facilitará su cumplimiento y mejoraría la credibilidad de la política fiscal.
Aun Así De Portillo considera que la sola aprobación de esta ley no garantiza la disciplina y la sostenibilidad de las finanzas públicas, aunque estuviese apropiadamente estructurada. “Es necesario que exista compromiso con la estabilidad y la voluntad política de cumplir la ley y mantener la sanidad fiscal” concluyó.
