Según Toca Simó, quien funge como copresidente de la Mesa Presidencial Contra el Contrabando, la Falsificación e Informalidad de Bienes, se continuará con la defensa de la producción formal “porque genera empleos y recursos indispensables para la nación”.
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El funcionario señaló que la Ley No. 17-19 para la erradicación del comercio ilícito, que se promulgó a finales de febrero, proporciona las herramientas para combatir y sancionar redes criminales que contrabandean, distribuyen y comercializan medicamentos, cigarrillos, bebidas alcohólicas y combustibles de forma ilegal.
Agregó que además de castigar a los infractores, la pieza legislativa establece protocolos para mejorar la coordinación interinstitucional, con lo cual se da solución a la poca comunicación que existe entre las instituciones que controlan o supervisan distintos tramos de la cadena comercial.
Por otro lado, Toca Simó resaltó que la Ley cuenta para su aplicación con una división especializada para el combate del contrabando, la falsificación y la adulteración de los productos mencionados, y que también crea una comisión público- privada para diseñar e implementar estrategias efectivas que ayuden a la prevención de dichos delitos.
“Desde 2014 se trabaja para reducir el comercio informal, mejorar los controles aduaneros y crear mecanismos de coordinación a través de una mesa presidencial”, dijo.
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En ese sentido, el titular del MICM declaró que lo que se busca es ofrecer más y mejores facilidades para que las empresas se formalicen. En cuanto al contrabando, señaló que el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM) trabaja en el desmantelamiento de puntos ilegales de venta de combustibles.
Por otro lado, Celso Juan Marranzini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), valoró la aprobación de la Ley No. 17-19 para la erradicación del comercio ilícito, y la consideró como un gran paso de avance porque “establece vinculaciones entre el comercio ilícito y delitos conexos, así como los tipifica y establece sanciones administrativas y penales”.
De acuerdo con Marranzini, las prácticas de comercio ilícito forman parte de “una cultura de la ilegalidad”, que crean distorsiones en el mercado, al obligar a las industrias que cumplen sus obligaciones legales y tributarias a competir en condiciones de desventajas en contra de evasores y estructuras fraudulentas.
