De acuerdo a lo informado por el Poder Ejecutivo de República Dominicana, el presupuesto complementario promulgado asciende a RD$202,020,947,339 (unos US$3,458,260,154.34).
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La nueva ley, número 222-20, modifica la anterior 506-19, del Presupuesto General del Estado, y autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a incrementar las fuentes financieras en el presupuesto ya en ejecución.
La pieza fue sometida por el Poder Ejecutivo vía la Cámara de Diputados y posteriormente convertida en ley, con votación unánime, por el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
Para tales fines, el presidente Abinader encomendó a una comisión integrada por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, para entregar dicho proyecto al Congreso, conjuntamente con una comunicación en la que explica los motivos de la iniciativa.
En la misiva, el mandatario señaló que se prevé una disminución del Producto Interno Bruto (PIB) nominal de -1.6% y una caída real de -4 % con relación al año 2019.
Asimismo expresó que el presupuesto complementario contempla, además, los incentivos otorgados para labor humanitaria y la continuación hasta diciembre de este año de los programas de asistencia social Quédate en Casa, Programa de Asistencia al Trabajador Independiente (Pa’ Ti) y Fondo de Asistencia al Empleado (FASE), en sus dos modalidades.
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La pieza asigna un incremento en las apropiaciones del Ministerio de Salud Pública por RD$17,467.7 millones (US$299.02 millones) que serán destinados a la implementación del plan diseñado para enfrentar el covid-19, que incluye el incremento en el número de pruebas, la contratación de médicos, la instalación de camas hospitalarias y posiciones en unidades de cuidados intensivos.
Además, comprende recursos adicionales necesarios para programar los gastos de capital para reparaciones de viviendas, los montos correspondientes al Banco Agrícola para préstamos agropecuarios a tasa cero, así como otros compromisos para la disminución de la deuda administrativa.
