Nicanor Alvarado
Se trata del quinto puerto en el corredor Panamá-Colón, por donde discurre el Canal. La ACP decidió en noviembre pasado la construcción de la obra, pendiente ahora de licitación. Quien la gane deberá construir y operar la infraestructura por 20 años, y pagar sus réditos a la autoridad y no al Gobierno Central, que administra el resto de los desembarcaderos.
El vicepresidente de Planificación del Canal, Oscar Bazán, sostiene que las obras son necesarias para "incrementar la capacidad portuaria en el área, debido a que con el volumen de trasbordo adicional que generará la ampliación, no se tendrá la capacidad para atender la demanda".
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La ACP teme que los puertos de la región absorban el tráfico excedente por la vía, que, según los pronósticos, se duplicará cuando el nuevo juego de compuertas esté funcionando. Ahora, por el Canal pasan 300 millones de toneladas de mercancía por año.
El puerto —nombrado como Corozal Oeste— movería 3,9 millones de contenedores de tamaño estándar, 900 mil más que el de Balboa, el de mayor capacidad del sistema portuario panameño, situación que generó el año pasado molestias en la industria.
Antes de su licitación, el Canal espera que la Asamblea apruebe un proyecto de ley que exime del pago de impuestos a la empresa que se haga con el contrato, valorado en US$600 millones. La entidad ha desembolsado US$89 millones al Estado en la compra de terrenos que sumó a solares patrimoniales que ya poseía en la zona.
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Jorge Luis Quijano, administrador del Canal, aseguró que en las dos fases de construcción de la obra se generarán dos mil plazas de empleo.
