A El Salvador le está lloviendo sobre mojado. Durante este mes ha recibido bajas calificaciones por señalamientos de impago a lo que le han denominado “Default” selectivo. Para ello el Gobierno tiene previsto tomar deuda pública para pagar todas sus responsabilidades, principalmente la de los fondos de pensión.
“En estos momentos, la opinión del Banco Mundial es que no es muy realista acudir a los mercados a vender bonos, porque sería muy difícil quién te los vaya a comprar; y si te los compran, te irán a pedir unos tipos de interés excesivamente altos”, dijo Humberto López, director del BM para Centroamérica.
Para el 2019, el Gobierno salvadoreño deberá cancelar una deuda de US$800 millones en bonos a los inversionistas del mercado internacional. Y es que el Gobierno desde hace más de 40 años, ha tomado la costumbre de pagar sus “tarjetas de crédito con otras tarjetas de crédito”, indica Luis Membreño, analista económico y político.
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“Es decir, cuando se acerca la fecha de cancelar un viejo paquete de bonos, unos cuantos días antes el fisco sale al mercado internacional otra vez, coloca más bonos y con ese dinero prestado cubre la deuda anterior”, agrega.
En 2019 un paquete de bonos llega a su fecha de vencimiento y no hay, por ahora, un plan para enfrentar ese compromiso, y en donde el Banco Mundial (BM) recomendó trabajar en un acuerdo fiscal sostenible para evitar problemas de última hora.
Para entre dos años el fisco enfrentaría hasta US$1,500 millones en gastos obligados que no tienen una fuente de recursos, incluyendo los bonos, según Membreño. Este año, por ejemplo, las necesidades de recursos extra que no están disponibles en el fondo nacional suman US$700 millones.
Las autoridades del país ya tienen un plan para corregir el rumbo de las finanzas públicas, y es el que hicieron en conjunto con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La meta del plan es ajustar el equivalente al 3 % de la producción interna o PIB con una combinación entre más ingresos y menos gastos.
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En 2019 El Salvador se enfrentará a elecciones presidenciales, por lo que el vencimiento de los bonos es uno de los primeros desafíos que enfrentará la próxima administración del Órgano Ejecutivo, por ahora la S&P y Moody’s le han bajado la calificación debido a que el Gobierno sigue sin realizar los pagos a dichos fondos, y que sus obligaciones vencidas suman ya US$55 millones.
