El Impuesto a las Operaciones Financieras (IOF), que grava con 0.25 % las operaciones a partir de US$1,000 (US$2.50 por cada US$1,000), dejará de aplicarse a partir del 1° de enero de 2019. Así lo ordenó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mediante un fallo en junio de este año.
Según dicho documento, el impuesto no fue declarado inconstitucional en sí mismo sino por la poca discusión en el Pleno Legislativo previo a su aprobación, literalmente “no existió la posibilidad real de deliberación y discusión parlamentaria”, sin embargo los magistrados aclararon que, para no afectar la programación financiera del Estado, este impuesto se debería aplicar hasta finalizar el 2018 y quedar sin efecto a partir del 1º de enero de 2019.
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A través del IOF, el Ministerio de Hacienda reporta una recaudación anual de unos US$80 millones anuales. Este monto dejará de percibir el fisco para el siguiente ejercicio fiscal.
El impuesto de Impuesto a las Operaciones Financieras se creó, en 2014 y dicho cambio obligó a la banca a invertir en un cambio de sistemas para poder retener y trasladar a Hacienda este impuesto y con este nuevo cambio las entidades financieras podrían incurrir nuevamente en gastos para cambiar otra vez los sistemas, sin embargo, de acuerdo a analistas aún es posible que se intente revivir el impuesto con otro decreto que corrija las fallas anteriores.
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Algunos expertos consideran que al no contar con el Impuesto a las Operaciones Financieras (IOF) aumentaría el nivel de bancarización en El Salvador y reduciría a su vez el riesgo de lavado de dinero y activos, aseguraron ayer economistas.
La Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) catalogó este impuesto de “inconveniente” y que no contribuye a reactivar la economía por sus repercusiones en el incremento de los costos de financiamiento para el sector productivo, lo cual deriva en una contracción en la inversión privada, nacional e internacional.
“Consideramos que el impuesto a las operaciones financieras no contribuyen al objetivo de reactivar la economía, generar mayor empleo y bienestar a la aprobación”, aseguró Abansa.
