En el 2015 y 2016 El Salvador se colocó, junto a otras 23 naciones, en una lista negra por violación a los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este año nuevamente el país fue incluido en la lista de 24 países que no cumplen con los convenios.
Es más, el país se coloca en “doble nota al pie de página”, es decir, país con violación reiterada a los convenios que la OIT garantiza para los derechos de las organizaciones de trabajadores y empleadores. Los primeros lugares de la lista son por Malasia, Polonia, Ucrania, El Salvador y Ecuador, respectivamente.
De acuerdo a Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) estar en dicho listado puede provocar sanciones “tales como que las Naciones Unidas retire su apoyo a El Salvador y que países como Estados Unidos también impongan medidas de castigo”.
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El Salvador, y según la OIT, sigue con problemas en acatar el convenio 144 a la consulta Tripartita, que son las normas internacionales de trabajo. El convenio establece el significado de “organizaciones representativas” de empleadores y de trabajadores, y dispone que los Estados que lo ratifiquen pongan en práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas entre los representantes del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores, sobre los asuntos relacionados con los puntos del orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo, sumisiones a las autoridades nacionales competentes de las nuevas normas adoptadas por la OIT.
Los empleadores y los trabajadores estarán representados en un plano de igualdad en todo organismo a través del cual se lleven a cabo las consultas, y éstas deberán celebrarse al menos una vez al año. La OIT “nota con preocupación la falta de consultas tripartitas genuinas con organizaciones independientes y representativas de empleadores”, dice la carta que la OIT envió al país.
“El caso de El Salvador genera un desincentivo para atraer inversiones, seguimos recibiendo malas noticias que sólo nos deja en desventaja ante nuestros vecinos del istmo”, explicó Cardenal.
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Explica que el convenio le dice al Gobierno que debe reconocer a las organizaciones más representativas de cada sector, y que tanto los trabajadores como los empleadores tienen que tener libertad para escoger a sus delegados en las instituciones tripartitas. “El caso surgió cuando el Gobierno cambió el mecanismo de elección de los delegados del sector productivo en 19 autónomas, para que estos sean designados por el presidente de la república”, explicó.
La OIT cada año realiza un examen técnico e imparcial de la manera en que los Estados Miembros aplican los convenios en la legislación y en la práctica, teniendo en cuenta las diferentes realidades y sistemas jurídicos nacionales.
