Por Mariela Montero
Cada mes, Costa Rica recibe alrededor de 250 solicitudes de refugio, lo que en 2006 lo convirtió en el segundo territorio de Latinoamérica que más refugiados alberga, contabilizando 13 mil personas. Sin embargo el reto es mayor, y dar empleo a esta población vulnerable sigue siendo una asignatura pendiente.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), muestra que tres de cada cuatro refugiados que llega a Costa Rica tiene estudios secundarios, técnicos o universitarios, y que un 43% de los colombianos, que son la población mayoritaria, eran dueños de sus empresas antes de ser refugiados. Aun así, esta población tiene problemas para encontrar empleo.
Vivir la integración. “En 2012 hicimos un diagnóstico participativo con decenas de personas refugiadas, y ahí detectamos que a pesar de que los refugiados tienen un nivel de educación relativamente alto, tenían muchos obstáculos para acceder al mercado de trabajo, la mayoría vivía con menos de US$185 por mes, y trabajaba en el sector informal, y nos pareció que esto se tenía que revisar” explica Roberto Mignone, representante de ACNUR en Costa Rica.
Así fue como nació “Vivir la Integración”, una alianza público-privada que promueve la inserción de las personas refugiadas al mercado laboral, que junto a ACNUR cuenta con el apoyo de la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la Asociación de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI), la Cámara de Comercio de Costa Rica y la Asociación de Empresarios Colombianos (AECOL).
“Las personas refugiadas son aquellas que se han visto forzadas a salir de su país por problemas de derechos humanos, violencia o algún tipo de persecución, y sucede que aun cuando tienen los mismos derechos que un costarricense, nos encontramos que tienen problemas para encontrar trabajo porque existen mucho prejuicios” resalta Francisco Llobet, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
Según Llobet, desde la Cámara, como parte de los programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) trabajan en sensibilizar a la mayor parte de compañías en la inclusión laboral de esta población, un esfuerzo que en los próximos meses extenderán gracias a la incorporación de la Federación de Cámaras, que aglutina a todas las cámaras regionales.
Y es que precisamente Erika Linares, directora de la dimensión social de AED, reconoce que la RSE busca, por un lado, que las compañías compensen sus impactos negativos, y por otro, que maximicen sus contribuciones, y el empleo de calidad es uno de esos aportes.
Algunos de los frenos para emplear a esta población son la creencia errónea de que no tienen derecho a trabajar; pensar que son personas que han tenido problemas y vienen huyendo de sus países; la falta de referencias laborales anteriores; e incluso, la dificultad para abrir una cuenta de ahorros, que es un requisito fundamental para acceder a un empleo.
“Los prejuicios están dados por el desconocimiento que tiene las empresas y la misma población sobre el status migratorio del refugio”, explica Roxana Quesada, directora de la dirección de integración y desarrollo humano de DGME, aunque es consciente que gracias a Vivir la Integración se está ayudando a que esta población cada día sea parte del flujo económico, social y del sector empresarial.
