Amafredo Castellanos
Empresarios de Guatemala, El Salvador y Honduras expresaron aliento y vialidad a la iniciativa de la alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, en espera que el Congreso de Estados Unidos lo avale, como un impulso al desarrollo para los tres países de Centroamérica.
“Nosotros creemos que es un programa viable, factible y necesario para el Triángulo Norte, sobre todo para poder contrarrestar problemas comunes como la inseguridad y el contrabando; el primer reto es que el Congreso de Estados Unidos lo apruebe y si esto se supera, el gran reto será establecer mecanismos de transparencia en el uso de los recursos” dijo Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).
En este punto coincide el presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), Pelayo Llarena. “El tema pendiente sobre el cual habrá que trabajar y esforzarse más es la transparencia, tanto hacia los inversionistas como a la percepción que se tenga desde fuera” agregó.
Llarena dijo que para el sector Construcción, el plan ofrece expectativas de interés, por cuanto se abren oportunidades por el desarrollo de proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras y procesos de agilización en las aduanas.
“El sector resultará beneficiado, por la obra física que el plan requerirá”, comentó. Valoró el impacto que esto tendrá en la generación de empleo e impulso a la economía.
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Stephanie Moll Fetzer, analista económica y financiera de la Central American Business Intelligence (Cabi), opinó que “la alianza con países o entre países, tanto para el desarrollo de proyectos como para el comercio, siempre es clave para la competitividad”, por lo que se manifestó “a favor” del Plan.
La propuesta. El gobierno de Estados Unidos se ha comprometido a apoyar al Triángulo Norte con un aporte de US$1.000 millones durante cinco años, a partir de 2016, pero aún está pendiente la aprobación del Congreso. A su vez, los tres países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica deberán contribuir con fondos propios.
En noviembre de 2014, los mandatarios Juan Orlando Hernández (Honduras), Otto Pérez (Guatemala) y Salvador Sánchez Cerén (El Salvador) presentaron el plan en Washington, que busca impulsar el desarrollo de la región y frenar la migración de menores indocumentados no acompañados a Estados Unidos.