Johanna M. Camargo
La sentencia fue hecha por Roberto Brenes, presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (COSIP), grupo empresarial y profesional que agrupa a los principales gremios exportadores de servicios del país.
El empresario insistió en que el gobierno “tiene que defender de manera contundente los intereses nacionales contra los ataques provenientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y en especial de Pascal Saint Amans, Director del Centro de Administración Tributaria de dicho organismo, por haber difamado a Panamá en diferentes redes sociales y entrevistas públicas”.
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Para Irene Giménez, economista de la firma Goethals Consulting Cor, la nación canalera ha sido muy paciente con aquellos países que la mantienen en sus listas grises, por lo cual ve con buenos ojos que se les aplique la medida de retorsión este año, y no se quede pasiva ante tantos atropellos que le causan a nivel internacional.
Roberto Troncoso, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) va más allá, y pide que las medidas se apliquen “ya” y no en un año como anunció el Ejecutivo panameño.
“No podemos seguir viviendo con las amenazas ni extorsiones, ni que disminuyan nuestras ventajas competitivas porque piensan que somos un paraíso fiscal. Todo esto ocurre aunque les hemos demostrado lo contrario con la firma de más de 20 tratados de asistencia tal y como lo establece la OMC en sus convenios internacionales. Cada vez que salimos de una lista, nos piden otras cosas más” recalca Troncoso.
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Giménez por su parte dejo claro que las medidas de retorsión no tienen ventaja, ni desventaja para nadie y que los países se ven forzados a aplicarlas porque se están perjudicando sus actividades económicas. “Es una disposición básicamente para proteger los intereses de la nación, y tener una posición de fortaleza a nivel internacional para que se respete su soberanía”.
Bullying diplomático. Adolfo Linares, de la Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturacalificó de intolerable que la OCDE aspire a que Panamá entregue su soberanía fiscal y económica mediante la firma de un convenio multilateral. “Ninguna nación está obligada a firmar un convenio en contra de sus intereses. Lo que está haciendo la OCDE es bullying diplomático”.
La Ley de Retorsión establece que Panamá puede discriminar a aquellas empresas y agencias de los Estados en licitaciones, proyectos y contratos si aplican medidas prejuiciosas en contra del país. Además, aun si no existiera esa ley, Panamá podría emplear acciones de presión, porque cada país es soberano de hacer lo que quiera mientras que no viole ningún tratado internacional, dilucidó Giménez.
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Giménez cerró diciendo que en el caso de Colombia y Francia se les amenazó con tomar serias medidas de retorsión sino colaboraban; no obstante por la vía diplomática se solucionaron ambas situaciones. Todos los países dieron un paso hacia atrás.
Al cierre de esta nota informativa, una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores informó que aún no se puede hablar de medidas concretas hacia nadie, “pues se está analizando la situación país por país y los por qué de cada uno de ellos”.
