De acuerdo a lo informado, la acción de las cámaras empresariales nacionales y binacionales es motivada por la crisis que enfrenta el sector de zonas francas en el país, el cual reporta desde la entrada del Decreto 19-2006 el cierre de más de 67 empresas y la pérdida de más de mil empleos formales.
Diputados de la bancada CREO presentaron recientemente una iniciativa para reformar el Decreto 65-89, Ley de Zonas Francas, en busca de replantear las actividades que pueden promover el desarrollo y la inversión en las zonas francas, porque las reformas aprobadas por medio del Decreto 19-2016 restringen la comercialización de ciertos productos, como los que contienen alcohol, entre ellos, pastas dentales y cosméticos, así como medicamentos, aparatos electrónicos, muebles, pinturas, maquinaria y equipo, entro otros.
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Originalmente se contemplaban 17 actividades consideradas prohibidas para su producción o comercialización dentro de estas zonas, de las cuales resaltan la pesca y crianza de especies marítimas, producción de azúcar, café, cardamomo, banano, caucho natural, reproducción, crianza y engorde de ganado bovino, entre otros.
“Con la promulgación del Decreto 19-2016 esta lista aumentó 42 actividades productivas y de comercio. En nuestra propuesta planteamos que pueda reducirse a solamente 25, en virtud de atraer mayor inversión al país, con lo que se lograría un fortalecimiento en materia tributaria, debido a que la actividad comercial en estas zonas genera anualmente US$53.6 millones en impuestos”, detalló el diputado Carlos Chavarría.
Según la Asociación de Zonas Francas Privadas de Guatemala, la prohibición de 42 actividades en zonas francas actualmente pone en riesgo 9 mil empleos directos e indirectos, y la posibilidad de cierre de más de 200 empresas. Esto coloca al país en una desventaja a nivel mundial, ya que se ha dejado de brindar certeza jurídica a las empresas que desde hace más de 25 años han contribuido al desarrollo del país.
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“Es necesario actuar porque aún tenemos más de 250 empresas y alrededor de 5 mil empleos directos que hay que rescatar”, expresó René Castañeda, vocero de la Asociación.
Por su parte, Rafael Briz, presidente de la Cámara de Comercio de España en Guatemala, resaltó que el 70% de las empresas que operan en zonas francas funcionan a través de inversión extranjera, por lo a causa de esta situación, Guatemala pierde competitividad. “Se está retirando inversión y como consecuencia, hay pérdida de costos de trabajo y en la generación de riqueza, que es lo que más necesitamos en el país en la actualidad”, dijo.
Por otro lado, Raúl Palma, director de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Guatemala, también externó su preocupación: “Fue una medida poco consultada y analizada, y esto es una consecuencia de que no exista una visión de país, desde el punto de vista económico”.
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Jorge Mario Gutiérrez, presidente de la Asociación de Zonas Francas de Guatemala añadió: “Al no tener una certeza jurídica en el país, lo que las empresas buscan es cómo seguir operando y han optado por irse a países vecinos como El Salvador, Honduras, Costa Rica, e incluso, Panamá, a pesar que esto representa un costo más elevado comparado con el guatemalteco”.
Según datos del Ministerio de Energía y Minas, hasta el año 2014 estas zonas sumaban 17 en el país, con un total de inversión extranjera del 70% y una generación de 13 mil empleos formales directos, y no menos de 36 mil trabajos indirectos.
