Ante la expectativa por la modificación a la Ley de Contrataciones Públicas en Panamá, un tema en especial encrespó su debate en la Asamblea Nacional de Diputados. Se trató de un artículo que querían incluir algunos diputados, entre ellos la única parlamentaria independiente, Ana Matilde Gómez, donde se buscaba inhabilitar a empresas condenadas por tribunales extranjeros y/o nacionales para licitar o contratar con el Estado.
La iniciativa fue rechazada por la mayoría parlamentaria, que siguió la línea del Ejecutivo al omitir de dichas contrataciones a empresas que fuesen condenadas en el exterior. A última hora sólo se aprobó inhabilitar a las empresas condenadas por tribunales panameños.
¿Cuál será el impacto real de los Panama Papers?
La Asamblea Nacional de Diputados indicó que “la Dirección General de Contrataciones Públicas garantizará que los actos que se realicen en los procedimientos de selección de contratista que celebren las diferentes instituciones del Estado y en la etapa contractual, sean debidamente publicados y motivados por las entidades contratantes, de conformidad con los mecanismos que establece esta Ley”.
El mayor contratista del Estado es actualmente la brasileña Norberto Odebrecht, cuyo presidente fue condenado en Brasil a 19 años de cárcel por “corrupción sistemática y activa”. La empresa empezó a licitar con el Estado panameño durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), y desde ese entonces ha liderado las adjudicaciones estatales.
Brasilera Odebrecht podría perder contratos en Panamá
Recientemente sumó a su cartera la renovación de la ciudad atlántica de Colón por unos $US500 millones, la construcción de la Línea 2 del Metro de Panamá por casi US$900 millones, un contrato para construir aceras en la capital panameña por casi US$S90 millones, entre otros contatos para construcciones y rehabilitaciones de carreteras, calles y puentes.
