El movimiento para la legalización del cannabis en los Estados Unidos no ha pasado desapercibido en Centroamérica y algunos países analizan esta vía como una solución. El tema no es nuevo y fue puesto sobre la mesa desde 2012, cuando los presidentes de Costa Rica, Honduras y Guatemala lo expusieron ante la ONU.
Al día de hoy, el interés sigue vigente, y ahora es el diputado guatemalteco Álvaro Velásquez, quien reabre el debate con una propuesta de ley, pretende regular la producción, distribución, comercialización, el consumo medicinal y recreativo del cannabis y sus derivados en Guatemala; y para septiembre próximo habrá un dictamen al respecto.
En Costa Rica, una iniciativa similar fue presentada desde 2014 por el diputado oficialista Marvin Atencio, pero a la fecha sigue en análisis.
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Según Velásquez, el objetivo no es detener la lucha contra el narcotráfico y los cárteles de la droga, sino que “los consumidores dejen de ser tratados como delincuentes”. Pero además, se busca aprovechar las propiedades de la planta y tomar en cuenta toda la potencialidad económica e industrial que esta representa.
El eterno debate
Para Rosa María, Magistrada de la Sala de Justicia de El Salvador, la legalización de la marihuana se ha vuelto tendencia en los países con el fin de reducir el narcotráfico, pero en su opinión no es la mejor estrategia.
“No creo que exista un beneficio en legalizar la marihuana. Las personas que viven en la región centroamericana no están educadas para consumir droga”, asevera.
Mientras el diputado Velásquez reconoce que parte de la oposición a este tipo de iniciativas viene de lo conservadoras que son aún las sociedades de la región.
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Mientras el debate continúa, en Estados Unidos, Microsoft anunció que en conjunto con Kind Financial, se encuentran desarrollando un software para que los gobiernos regulen y supervisen la industrialización legal de la marihuana.
Según se informó,este servicio utilizará Azure, la plataforma gubernamental de Microsoft en la nube y está orientado a todas aquellas empresas que estén involucradas en la gestión de esta sustancia controlada, para conocer acerca de cuánto se vende, a quién, el monto de los impuestos recaudados y si todos los involucrados en la industria del cannabis están cumpliendo la ley.
