El aumento escalonado oficializado por el gobierno nacional, entonces liderado por Ricardo Martinelli a inicios del 2014 esperaba ser re negociado por el gobierno entrante de Juan Carlos Varela, que asumió el 1 de julio de ese mismo año.
Los docentes canaleros, que de por sí están muy lejos de rozar una remuneración justa en comparación con otras profesiones que requieren menos estudios y sacrificios en el país, se sentaron a negociar con el gobierno la semana pasada en el umbral de la entrada en vigencia del aumento de US$300.00 a partir del 2017, otro por el mismo monto en 2018 y el último ajuste por igual valor en el 2019. Casi doblando el salario inicial promedio de un educador que ingresa en la enseñanza pública (US$800.00 a US$900.00).
Lea: Latinoamérica invierte solo 0.4% de su PIB en educación
El Ministerio de Educación adujo que dicho aumento requeriría una partida adicional de US$600 millones anuales y ofreció a los educadores un aumento escalonado de US$150.00 en julio de 2017 y otros US$150.00 en julio de 2018.
Al final de la semana pasada, 16 gremios docentes amenazaron con entrar en huelga a partir de esta semana si el gobierno no cedía. Gremios empresariales y civiles se manifestaron durante todo el fin de semana rechazando la medida de fuerza.
También: ¿Cuál sector contratará más personal en Panamá?
La Cámara de Comercios, Industrias y Agricultura emitió un comunicado alegando que”mantener el llamado a paro mientras se llevaban negociaciones delicadas entre gremios docentes y autoridades, dista de las acciones que se necesitan para hacer los cambios profundos que el sistema educativo requiere”. Además instó a que “más allá de un salario, debemos evaluar el desempeño de educadores, estudiantes y administrativos, junto a la metodología de enseñanza, conocimientos generales y específicos de las materias que imparten. Desvanecer la brecha entre la educación que se recibe en escuelas públicas y privadas, debe ser el primer paso a atender”.
Los docentes se apegaron al decreto ya firmado y reclamaron el cumplimiento del aumento además del ajuste al 6% del PIB que demanda la ley que se destine a educación. Según los gremios debería destinarse al rubro educativo oficial más de US$3 mil millones, mientras que el presupuesto actual es de unos US$1,250 millones anuales.