Por Diego Villacorta y Amanda Rodas
El Gobierno salvadoreño se encuentra a la expectativa de lo que puede pasar debido al retraso en el pago del subsidio eléctrico a las distribuidoras, las cuales exigen el reembolso por los servicios que ellas ya habían otorgado a los usuarios que consumen menos de 99 kwh.
De acuerdo al presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Javier Simán, el monto adeudado es de US$32.23 millones, cifra que es del periodo entre junio y octubre de 2016. Según se informó, si esta deuda no se solventa pronto, la cifra podría ascender a US$46 millones, que incluye también el subsidio de los meses de noviembre y diciembre.
De acuerdo con el sector privado, una falta de pago a las distribuidoras de energía, comercializadores e importadores, generará una situación insostenible. “Además, provocará restricción en el suministro energético y traerá consigo incremento inmediato en precios de energía“, aseveró.
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El Gobierno está corriendo contra el tiempo, explicó por su parte Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); ya que si para diciembre de 2017 no se logra solventar la deuda, existiría la posibilidad de un rompimiento total de la cadena de pago del sector eléctrico.
Esto, asegura el directivo, generaría una situación negativa que podría desembocar en factores como el racionamiento de energía eléctrica en todo el país o poca o nula disponibilidad forzada de las empresas de generación de energía.
El sector industria es uno de los pilares más productivos en el país y el de mayor dependencia de energía eléctrica, “por esa razón la ASI solicitó que esta situación sea solventada lo más pronto posible, ante la falta de voluntad del gobierno“, dijo Cardenal, quien agregó que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), ha manifestado que su presupuesto no le permite el pago del subsidio para el 2017.
Para el analista político Antonio Martínez, la situación que está viviendo El Salvador, ante la crisis de no cancelar el subsidio, podría limitar las importaciones de energía desde el mercado eléctrico regional. Asimismo, el endeudamiento afectaría directamente a los usuarios finales y al suministro de la demanda de energía.
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Por su parte, Simán y Claudia de Ibáñez, presidenta de la AMCHAM, aseguraron ver con mucha preocupación que la CEL esté cargando con el costo del subsidio “cuando todo su potencial debería estar enfocado en desarrollar nuevos proyectos de generación de energía“, lo que permitiría abaratar las tarifas y de esta forma beneficiar a todos los salvadoreños.
