El Gobierno de Panamá rechazó las recomendaciones sugeridas por el gremio empresarial sobre un proyecto de ley que busca castigar con penas de entre 2 y 5 años de cárcel a quien evada más de US$ 300.000 dólares en impuestos.
La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, dijo hoy a los periodistas que la iniciativa legislativa, presentada el pasado enero por el Gobierno, “está bien” e indicó que los cambios propuestos por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) “no demuestran seriedad”.
La asociación empresarial pidió esta semana rebajar las penas de cárcel hasta los cuatro años y aumentar la cantidad a partir de la cual se considera delito fiscal hasta los US$ 500.000 dólares.
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El proyecto, que necesita ser aprobado en tres debates para convertirse en ley, fue presentado en la Asamblea el pasado enero, pero su discusión ha estado suspendida varios meses y se retomará previsiblemente la próxima semana.
Panamá y Bahamas son los únicos países de la región que ni castigan con cárcel la evasión fiscal ni la tipifica como un delito precedente del lavado de dinero, según datos del ministerio. La actual legislación panameña solo contempla multas de entre 2 y 5 veces el impuesto defraudado al fisco.
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Diversos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han pedido a Panamá que tipifique la evasión fiscal como un delito penal, un asunto que genera polémica entre ciertos sectores de la sociedad panameña.
La penalización con cárcel para aquellos que evadan impuestos es también uno de los puntos que Panamá se comprometió a cumplir con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para salir de su lista gris, en la que ingresó en 2014 por presentar deficiencias en la lucha contra el blanqueo de dinero.
