Con 107 votos de los 158, los legisladores aprobaron de urgencia nacional el decreto 14-2017, por medio del cual se reforma los artículos del Código Penal relacionados con el financiamiento electoral ilícito.
De acuerdo con las modificaciones, del financiamiento electoral ilícito se elimina la figura del financiamiento anónimo y se reducen las penas y responsabilidades para el secretario general de los partidos, haciendo responsable por el financiamiento anónimo a aquella persona o entidad que aporte los fondos y no al partido que los recibe.
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De esta forma, los secretarios generales de los partidos quedan blindados y exentos de responsabilidades en caso de que se den irregularidades con los fondos que obtienen durante las campañas electorales. Además, se conoció que con las modificaciones, ante cualquier señalamiento de financiamiento no registrado, la responsabilidad recaerá sobre los contadores de los partidos políticos.
Cabe resaltar quel el pasado 25 de agosto, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) anunciaron que solicitarían levantar el derecho de antejuicio contra al presidente Jimmy Morales, ya que se tenían indicios de su participación en un caso de financiamiento ilícito de su partido, el FCN-Nación.
Sin embargo, con 104 votos esta solicitud fue rechazada dejando el mandatario con el goce de su inmunidad y a la CICIG y al MP sin la posiblidad de investigarlo por el delito que se le imputaba.
De urgencia nacional
La solicitud para reformar de urgencia nacional el Código Penal fue encabezada por el diputado Orlando Blanco, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Es de resaltar que Blanco enfrenta actualmente también una solicitud de antejuicio por parte de la CICIG y el MP por ese mismo delito, el cual aún está pendiente de ser conocido por el Congreso.
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A su salida del hemiciclo parlamentario, Blanco fue cuestionado por diversos medios de comunicación sobre lo sucedido y se limitó a responder que el Congreso tomó una decisión y que a quien no le pareciera ésta, que debía accionar en las instancias correspondientes.
Mientras tanto, en las afueras del Congreso, varias personas se reúnen ya a esta hora para manifestar en contra de lo actuado hoy por los diputados.
Por otro lado, varios sectores de la sociedad ya empezaron a manifestarse sobre lo acontencido. Una de ellas es la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios (CECOMS), la que a través de una comunicado de prensa solicitó al Presidente Morales a vetar los proyectos de ley que contienen las reformas al Código Penal “por considerar que su contenido es totalmente contrario a los intereses de nuestra Nación“.
Además, la CICIG ha publicado varios mensajes en sus redes sociales, en alusión a lo sucedido. “La justicia es un soporte de la democracia. No se puede hablar de estado de derecho sin una justicia que no sea independiente“, se puede leer en su perfil de Twitter.
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El jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Solórzano Foppa, también se pronunció en contra de lo actuado, ya que asegura que dichas reformas al Código Penal abren una brecha judicial en la que se incluye dar una pena de multa a personas condenadas por actos como robo en moto a mano armada, extorsión a los negocios y pilotos de buses, portación de armas de fuego prohibidas, entre otros. “Con esta reforma todos los delincuentes que están en la cárcel por estos delitos saldrán libres con el simple hecho de pagar una multa”, expresó a través de su perfil de Facebook.
Por su parte, Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos, publicó: “Indignación, vergüenza nacional, ¡vaya Padres de la Patria! No podemos ser indiferentes, usan financiamiento ilícito, saquean nuestro país“.
