La investigación contra Samuel Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín es conducida por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el caso conocido como Botín Registro de la Propiedad.
Las pesquisas dieron inicio luego de que saliera a luz una denuncia por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC) por la adquisición de 564 desayunos para el RGP al restaurante Fulanos & Menganos, los cuales nunca fueron entregados aunque hay una factura por más de US$11,000 y comprobantes de pago que respaldan la supuesta compra. La misma situación anómala se dio en la compra de canastas navideñas durante 2013.
Cabe destacar que los hechos que hoy se ventilan se llevaron a cabo durante la administración del expresidente Otto Pérez Molina, quien ahora guarda prisión por su participación también en hechos de corrupción. En ese momento, el RGP era dirigido por Anabella De León, quien también permanece presa por el mismo motivo.
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Según la FECI, el hijo del Presidente Morales fue quien facilitó la factura para simular el pago por los alimentos supuestamente solicitados por el Registro de la Propiedad. De acuerdo con las investigaciones, Morales Marroquín se valió de la ayuda de su tío, Samuel Morales, para conseguir dichas facturas.
En declaraciones anteriores, cuando se dio a conocer la denuncia de la Contraloría, el hermano del mandatario se pronunció al respecto y aseguró que “todas las acciones fueron de buena fe” y que lo que hizo (conseguir la factura) fue un favor que le hizo a su sobrino.
En la investigación del MP y CICIG también ha aparecido el nombre de Gilmar Othmar Sánchez, quien aparece vinculado con el restaurante en cuestión y que además es diputado al PARLACEN, por lo que ya hoy fue presentada una solicitud de antejuicio en su contra, para despojarlo de su inmunidad y poder proceder contra él.
Hasta el momento, el Presidente Morales no ha querido pronunciarse sobre la captura de su hermano e hijo, y durante una actividad oficial a la que asistió hoy en Retalhuleu, únicamente se limitó a decir que él respeta el imperio de la ley que que el respaldo a sus parientes es total como familia que son, pero que ante todo, él está dispuesto a respetar la ley.
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Por su parte, Iván Velásquez, de la CICIG, confirmó que de momento, ni el MP ni la CICIG han recibido ninguna solicitud especial por parte de Morales, para beneficiar a sus familiares. “El señor presidente ha sido respetuoso de la independencia de la investigación y no hemos tenido ninguna presión por parte de él para beneficiarlos”, aseveró el Comisionado.
El caso Botín Registro de la Propiedad se encuentra actualmente en el Juzgado Sexto de Instancia Penal, a cargo de la jueza Silvia De León, quien deberá decidir si el hermano e hijo del mandatario deberán guardar prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial o les concede una medida sustitutiva.
Mientras llega el momento en que De León escuche la primera declaración de los detenidos, ambos permanecen en las carceletas de la Torre de Tribunales.
