De acuerdo con la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), resulta imperativo que se proceda a la discusión de dicho presupuesto y a su consiguiente aprobación, principalmente por razones de transparencia, eficiencia y gobernabilidad. De lo contrario, se detalló, se generaría opacidad y confusión en la ejecución del gasto público.
Según Mario Alberto García, de ATAL, es necesario que la Comisión de Finanzas Públicas, antes de aprobar el presupuesto, tome en cuenta algunos detalles para su pronta corrección. Uno de ellos es que el proyecto de presupuesto plantea un incremento en la recaudación tributaria neta para 2017 de un 6.3%.
“Esto es superior al crecimiento de la recaudación de los últimos 5 años, lo cual podría no ser realista, especialmente si se considera que el aumento de la recaudación que se espera para el período 2016-2017 se debe a los cobros por la vía judicial que ha hecho la SAT, los cuales no son sostenibles en el tiempo”, dijo García.
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Asimismo, la entidad conformada por miembros del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), del Centro de Investigación Económica Nacional (CIEN), la Fundación Guatemala 2,020 y de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), considera que los ingresos estimados en el proyecto de presupuesto están sobreestimados.
“Partiendo de una recaudación de US$6,630 millones en 2015 y tomando en cuenta el crecimiento normal de la recaudación, el nivel estimado para 2016 ascendería a US$7,030 millones. Si a ello se le aplica el crecimiento esperado de 6.3%, el nivel de ingresos tributarios estimados para 2017 sería del orden de US$7,473 millones, es decir, menor en US$258,933 al dato consignado en el proyecto de presupuesto”, detalló García.
ATAL también enfatizó en que el déficit fiscal planteado en la propuesta debe reducirse, pues de lo contrario su nivel sería significativamente superior al de los dos años anteriores. De acuerdo a lo expuesto, esto revertiría su proceso de corrección e impediría el retorno a los déficits menores al 1.6% del PIB, los cuales fueron la norma antes de la recesión de 2008-2009 y que recomienda el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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“Sin dicho ajuste la relación de deuda como porcentaje de los ingresos tributarios será un 239% en 2017, lo cual implica un nivel de endeudamiento que coloca dicho indicador cerca de los límites considerados como tolerables (250%). Esto puede perjudicar la percepción del país en los mercados financieros internacionales”, acotó García.
Para el directivo, la problemática fiscal en Guatemala es tan compleja que resulta poco realista solucionarla únicamente mediante la ley anual del presupuesto.
“Los temas de ingreso y de gasto ameritan un análisis técnico, profundo e integral. Para ello resulta urgente emprender un diálogo fiscal integral orientado a mejorar la calidad del gasto público, fijar prioridades, apuntar a un desarrollo de país y establecer mecanismos de fiscalización de los recursos del estado”, expresó.
