De acuerdo con el presidente de la Sala de Trabajo, Adim Maldonado, del partido oficial, (FCN-Nación), en la iniciativa se aumentó el techo en el rubro de alimentación escolar y se disminuyó en programas como el Fondo de Solidaridad Social, el Fondo de Tierras y el Fondo de Desarrollo Social.
Asimismo, algunos de los rubros modificados a la baja son: saluden la asignación para contratación de personal 029 (US$137 millones), Ministerio de la Defensa Nacional (US$8 millones) Ministerio de Finanzas Públicas (US$4 millones), la cartera de Economía (US$7 millones), Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (US$186 millones), Agricultura Ganadería y Alimentación (US$24 millones) y Ministerio de Desarrollo (US$22 millones), entre otros.
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Mientras tanto, entre las modificaciones al alza se encuentran: US$61 millones para el Ministerio de Educación, US$2 millones para el Ministerio de Cultura y Deportes y US$1,450 millones para el sector justicia.
El legislador Carlos Barreda, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) mencionó que su criterio sigue siendo no aprobar el presupuesto debido a las bajas ejecuciones, mientras el diputado Ovidio Monzón, del partido Todos, aseguró que se tomarán (Todos), aseguró que se tomarán un tiempo prudencial para analizar lo presentado y razonarán el voto, valorando que se haya rebajado el techo presupuestario, que no se incluyeran prestamos y se mantuviera el compromiso con Educación.
Por otro lado, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) se pronunció sobre dicha iniciativa resaltando en el contexto político el rechazo ciudadano a incrementar en 2018 el techo presupuestario, debido a la desconfianza generada por el número creciente de escándalos de corrupción.
Además, resalta como causa de preocupación el hecho que casi la tercera parte del incremento presupuestario propuesto se haya recomendado para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), entidad seriamente cuestionada ante el escándalo del caso Corrupción y Construcción, así como la demostración de una escasa capacidad para ejecutar su presupuesto.
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Por el lado de los ingresos públicos, la entidad considera que la proyección de ingresos tributarios contenida en el proyecto de presupuesto para 2018 es factible toda vez se cumplan todos los supuestos que la sustentan, incluyendo que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) cumpla la meta para 2017. “Sin embargo, el Gobierno ya ha admitido públicamente que no alcanzará la meta de recaudación para 2017, hecho que genera preocupación sobre la posibilidad que la proyección para 2018 resulte demasiado optimista”, detalla el informe.
¿Qué hay que revisar?
Ante el panorama actual, entre las propuestas concretas que hace el ICEFI para mejorar el proyecto de presupuesto se encuentran:
– La SAT debe explicar en forma detallada su Plan Anual de Recaudación, Control y Fiscalización, y determinar la viabilidad de obtener en 2018 los ingresos adicionales por medidas administrativas para alcanzar la meta de recaudación tributaria propuesta.
– Suprimir cualquier autorización de exenciones y exoneraciones de impuestos.
– La SAT debe adoptar una actitud más proactiva, sobre todo ante el hecho que las autoridades han reconocido que en 2017 no alcanzará la meta de recaudación tributaria.
– El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debe considerar como prioridad la continuidad de los esfuerzos para la consolidación, fortalecimiento y expansión del Modelo Incluyente en Salud.
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– Suprimir el incremento de US$46 millones en la asignación para el Ministerio de la Defensa Nacional, respecto al presupuesto aprobado original de 2017.
– Suprimir los aportes a organizaciones no gubernamentales, asociaciones y todo tipo de entidad no estatal que no se ajusten a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley Orgánica del Presupuesto.
– Prohibir a las entidades del Estado la contratación de seguros privados de vida o gastos médicos.
– Revisar cuidadosamente las normas que se proponen en el proyecto de presupuesto, para no duplicar, debilitar o limitar el alcance de las normas vigentes.
– El Ministerio de Finanzas (MINFIN) debe publicar una evaluación detallada y completa sobre la efectividad en la implementación de las normas de transparencia contenidas en la ley anual del presupuesto.
